Los sindicatos convocan en todas las provincias marchas contra la Junta

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT convocarán «marchas» de empleados públicos en todas las provincias a partir del 23 de enero — que concluirán con una de carácter regional en Valladolid el 27 de febrero— para reclamar a la Junta la implantación de la jornada de 35 horas, el desarrollo de la carrera profesional y el pago de las cuantías correspondientes de los denominados fondos adicionales.

Los responsables de CC OO, CSIF y UGT, Carlos Julio López Inclán, Raquel Fernández y Tomás Pérez Urueña, respectivamente, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que han anunciado estas movilizaciones tras finalizar el «peor año» con la Junta por los incumplimientos y la falta de negociación.

Los sindicatos han reclamado que se cumplan los acuerdos de los fondos adicionales de 2018 y 2019, que supone una deuda que cifran en 240 euros de media para cada uno de los 85.000 empleados de la Junta (20,4 millones), la implantación de las 35 horas y el desarrollo de la carrera profesional.

Para reivindicar estas cuestiones, que han recordado que no son derechos «nuevos» sino cosas que se les quitó «de manera unilateral», se convocarán marchas en todas las provincias que arrancarán el día 23 de enero en Ávila y culminarán el 27 de febrero con una «gran» movilización en Valladolid.

Raquel Fernández concretó que se trata de hacer partícipes a todos los empleados públicos y por ello estas marchas recorrerán centros sanitarios, docentes y delegaciones territoriales en todas las provincias.

Una de las reivindicaciones, por la que los sindicatos ya se han movilizado el pasado año, es la implantación de las 35 horas semanales de jornada laboral, algo a lo que han recordado que la Junta se comprometió con un acuerdo firmado el 21 de mayo del pasado año si se cumplían determinados objetivos económicos, algo que se ha hecho, pero el Ejecutivo autonómico sigue sin «cumplir».

Tras protestas, los sindicatos presentaron requerimientos a la Junta, uno para que negocie su implantación y otro para que ratifique el acuerdo firmado como paso previo a la presentación de una demanda ante los tribunales, lo que ocurrirá si transcurridos dos meses el Ejecutivo autonómico no contesta. Carlos Julio López cree que no se va a haber respuesta a ninguna de las cuestiones y augura el inicio del proceso judicial.

El responsable de Comisiones criticó la «estrategia de desinformación» de la Junta a través de su portavoz, Francisco Igea, y del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que dicen que se busca un acuerdo, algo que «no es cierto» porque incluso en dos reuniones de la mesa general de negociación se ha incluido en el orden del día la cuestión de la jornada de 35 horas pero se ha retirado poco antes del encuentro.

En cuanto a la carrera profesional, Raquel Fernández ha recordado que se aprobó una ley en la que se regulaba esta cuestión, a pesar de la oposición de los sindicatos, que salió publicada en el Bocyl y establecía que antes del 31 de diciembre debía establecerse el reglamento para el desarrollo y la convocatoria de la carrera. No se ha hecho, dijo, pese a que se ha pedido negociar el reglamento y se ha presentado una propuesta para que fuera objetiva y no a través de una entrevista como se llegó a decir. Además, Fernández ha rechazado también cuestiones como que se ofrezca a los trabajadores del sector docente elegir entre los sexenios y la carrera profesional, lo que sería quitar un derecho para acceder a ésta última.

Por su parte, Pérez Urueña apuntó que ya se ha elegido presidente del Gobierno, por lo que habrá nuevo Ejecutivo y se aprobarán unos presupuestos, de manera que ha pedido a la Junta que «se deje de excusas».