martes. 07.02.2023

El saneamiento empresarial tras años de crecimiento ha frenado en seco las insolvencias y ha permitido que el número de trabajadores afectados por despidos que tienen que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se sitúen por debajo de los niveles previos a la crisis.

Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, revelan que en 2019, en Castilla y León, se gestionaron 2.699 expedientes dentro del Fogasa, con 865 empresas involucradas y un total de 2.728 trabajadores afectados, cuando en 2007, el año previo a la gran recesión, se contabilizaron 2.214 procedimientos para 1.018 actividades empresariales y 3.043 empleados.

Las cifras contrastan con el punto álgido de la crisis, en 2013, cuando se llegaron a gestionar en un año en la Comunidad, 14.505 expedientes, para 6.830 empresas, con 18.727 trabajadores afectados, el pico del periodo en cuanto a involucrados en procesos empresariales de quiebra.

En cuanto a los desembolsos a los que obligaron estos procesos, el año pasado se situaron bajo mínimos desde el inicio de la crisis, aunque aún son mayores que en el ejercicio previo a su inicio. En concreto, los datos del Gobierno, ponen de relieve que en 2019, el Fogasa tuvo que abonar en la Comunidad, un total de 19,42 millones de euros entre salarios e indemnizaciones, cuando en 2007, fueron 15,5 millones. El pico de abonos del fondo, que puso en graves problemas a este instrumento, se produjo en 2014, cuando estos apoyos a los trabajadores despedidos por empresas insolventes, alcanzaron los 91,28 millones de euros (90,4 millones en 2013).

Bajando al detalle, el Estado tuvo que abonar a lo largo del año pasado en Castilla y León, 6,5 millones de euros en salarios pendientes de empresas en quiebra, cuando en el año previo a la crisis esa cifra se situó en los 5,4 millones de euros. En cuanto a las indemnizaciones, alcanzaron los 12,9 millones de euros en la Comunidad, el ejercicio pasado, frente a los algo más de diez millones que tuvieron que abonar a los trabajadores afectados en 2007.

Un análisis por periodos quinquenales revela claramente la situación durante los años más duros de la crisis frente a los ejercicios de recuperación. En este sentido, entre 2015 y 2019, se gestionaron en Castilla y León 19.142 expedientes sobre 6.079 empresas y 21.341 trabajadores afectados, frente a los 35.585 procedimientos contabilizados entre 2010 y 2015, con 11.293 actividades incluidas con 39.954 empleados. En términos porcentuales, todos los datos decrecieron en los últimos cinco años por encima del 46%.

Los trabajadores que van al Fogasa ya están por debajo de antes de la crisis
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