Vox apunta ahora al campo y anuncia recortes a organizaciones agrarias

Vox apunta ahora al campo después de hacerlo contra los sindicatos y la patronal y liquidar el diálogo social con un recorte de 20 millones de euros.

El encargado de anunciar cuál va a ser el próximo colectivo danmificado por la política contra «gastos supérfluos», como lo denomina el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo y su partido, Vox, fue el consejero de Agricultura, ganadería y Desarrollo rural.

Gerardo Dueñas comunicó ayer que «de cara al año que viene» las ayudas directas a organizaciones profesionales agrarias o la publicidad institucional desde la consejería sufrirán «algún recorte». será, dijo, para dedicar ese montante económico «a otros temas más del mundo rural», pero no especificó cómo.

«De momento, este año se sigue con normalidad, ellos ya incluso solicitaron las ayudas, tienen un primer anticipo concedido y hay que ver un poco de cara al año que viene qué es lo que prioriza la consejería a nivel de ayudas directas o publicidad institucional pero sí que tenemos intención de efectuar en alguna de las medidas algún recorte, sí, para dedicarlo a otros temas más del mundo rural», dijo textualmente.

El anuncio de Dueñas, que fue gerente de una de estas organizaciones agrarias, no ha tardado en provocar la reacción de los sindicatos del campo

El presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, avisó de las consecuencias de un enfrentamiento con los representantes del sector agrario y calificó de «desafortunado» e «injusto» el anuncio. «Más que nunca Gerardo Dueñas necesita aliados y no enemigos para afrontar con éxito los retos de campo de Castilla y León», advirtió Dujo que lamentó además que la propuesta de recorte se ha producido en un contexto de crisis generalizada, de pérdidas por la sequía, de desencuentros con el Gobierno central y de aplicación de las nueva PAC.

Asaja recomendó a Gerardo Dueñas que se esfuerce en «dar algún signo» de que va a ser mejor que los anteriores consejeros y que defienda el papel de la agricultura cuando se comiencen a perfilar los presupuestos de la Junta para 2023 con una petición expresa a que «cierre por fin» el organigrama de su departamento, «que todavía no lo ha hecho», reprochó la organización.

Asaja recordó además al consejero que esa financiación ordinaria de la Junta sirve para «compensar parte» de los costes de la representación del sector y «sobre todo, los enormes gastos en medios humanos y materiales que soportan las organizaciones agrarias por prestar a los agricultores unos servicios muy amplios que ha dejado de prestar la administración desde su estructura funcionarial».

«Todo lo que Gerardo Dueñas recorte de una partida de unos 400.000 euros anuales que en función de la representatividad recibe Asaja, lo tendrán que pagar a mayores los agricultores y ganaderos en las cuotas de afiliados y será algo que tendrán que agradecer a unos políticos que, supuestamente, venían a mejorar la situación del campo, los que, por cierto, no se han bajado el sueldo ni han renunciado a asesores ni a las millonarias subvenciones de grupo parlamentario», sentenció el sindicato agrario que preside Donaciano Dujo.

UPA-Coag denunció que el consejero ha «lanzado un misil contra los agricultores y ganaderos en uno de los momentos más críticos de la historia de campo».

«Somos elegidos democráticamente, igual que los partidos políticos y sus representantes» y «me indigna cómo no empiezan con recortes o eliminación de subvenciones a los partidos políticos y sí quieren eliminar la miseria que dan a las Opas», sostuvieron.

«En una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad civil son instrumentos claves de participación, que contribuyen de manera fundamental al avance de los sectores. No se puede sostener el discurso de que el campo es prioritario y a la vez despreciar el trabajo de sus legítimos representantes».

Sobre todo, cautela. Es la posición que mantienen por el momento sindicatos y patronal en Castilla y León ante el anuncio realizado la víspera por Vox, el socio de Mañueco en el Gobierno autonómico, de reducir a la mitad —20,3 millones de euros— las subvenciones que reciben de la Junta, que podrían extenderse ahora a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), y por lo que han pedido explicaciones al presidente Fernández Mañueco.

24 hoars después del bombazo lanzado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, UGT, CCOO y CEOE se encuentran todavía estudiando las diez medidas y anunciaron que tienen previsto contestar de forma conjunta en una rueda de prensa que podría celebrarse el viernes.

De este modo, la versión de la Junta, como ha expresado su portavoz, es que estos anunciados recortes «no pone en entredicho la capacidad de alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social» y ha indicado que «hay que diferenciar entre la necesidad de aquilatar los recursos y concentrarlos con el hecho de llegar a acuerdos con sindicatos y empresas», ha declarado Carriedo.

La patronal CEOE —los únicos que han reaccionado por el momento—, pidió explicaciones por estos recortes, que aún no han sido aprobados, tan solo anunciados, a Mañueco, que es a la vez presidente de la Junta y del Diálogo Social en la Comunidad. «Es el que tiene realmente algo que decir», dijo el presidente de la Comisión de Internacionalización de CEOE Castilla y León, Andrés Ortega.

«Ya estamos hablando con el presidente de la Junta, esto no es una decisión de Consejo de Gobierno sin más. Ha sido un anuncio provocado por una parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León y ellos tendrán que explicarnos sus motivos porque todavía no están tan claros», desveló.

El presidente de la patronal, Santiago Aparicio, reconoció que no sabía «absolutamente nada» sobre el anuncio del vicepresidente de la Junta y añadió que les ha pillado por sorpresa, «incluso al propio Gobierno».

Al ser constituir un simple anuncio y no un acuerdo del Consejo de Gobierno publicado posteriormente en el Boletín Oficial de CyL, los afectados aún no pueden recurrir estas medidas, si así lo decidieran, ya que por el momento son sólo una declaración de intenciones del Gobierno autonómico y está por ver si el asunto se aborda en el consejo de Gobierno de este jueves.

Mientras Mañueco prefirió guardar silencio y desde Gujuelo, donde asistió a una feria, dijo «hoy lo importante es el jamón», y se remitió a las declaraciones de su consejero de Economía, Carlos Fernández carriedo, de viosita institucional en León, Vox se vanaglorió de las medidas y, a través de redes sociales, el partido sostuvo que «les da igual» el clima social que pueda provocar estos recortes en la Comunidad: «Si los sindicatos ‘comegambas’ se quieren manifestar, que lo hagan, a nosotros nos da igual», reza el tuit de la formación.

LA OPOSICIÓN, EN TROMBA

El anuncio de la supresión a la mitad de las ayudas a sindicatos y patronal provocó la reacción en cadena de los partidos de la oposición en Castilla y León. Si la víspera el secretario general del PSCYL, Luis Tudanca, lo calificó a través de las redes sociales de «intolerable» este anuncio, ayer su secretaria de Organización, Ana Sánchez, se preguntó si con esta medida Fernández Mañueco «repudia» el diálogo social construido por su predecesor, Juan Vicente Herrera y acusó al Gobierno «ultraderechista» de la Comunidad de estar «instalado en el odio y la deshumanización», algo de lo que hizo responsable al presidente Alfonso Fernández Mañueco

«Ayer vivimos un hecho gravísimo y un ataque sin precedentes al diálogo social y por tanto a la calidad democrática en la Castilla y León porque cercena pilares constitucionales», advirtió la dirigente socialista. «Lo que ayer vimos fue una enmienda a la totalidad al legado de los gobiernos de Herrera, del autonomismo útil».

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, consideró «inaudito» que el presidente de la Junta haya participado en la «estrategia electoral» de Vox en Andalucía después de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunciara un recorte de 20 millones para los agentes del Diálogo Social, y le urgió a explicar si conocía esta medida.

«Me temo que eso es posible, que es muy posible porque el presidente Mañueco tiene mucho interés en no ser la anomalía en España porque eso cuestionaría la pervivencia de su Gobierno», dijo.

Igea ha registrado en las Cortes una batería de preguntas para que sean respondidas de forma escrita por el presidente de la Junta con el fin de conocer con exactitud qué es lo que se pretende recortar y si el presiente conocía lo que se iba a anunciar.

La secretaria de Organización del PSOE de León, Nuria Rubio, puso ayer en valor «el trabajo de los sindicatos, que no podemos olvidar son los que negocian los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente sus afiliados, sino de todos y todas».