viernes 22/10/21

Carcedo: «Eutanasia y cuidados paliativos no son excluyentes»

Sólo el 1% de la población ha registrado las voluntades anticipadas en CyL Debate congresual sobre los cuidados al final de la vida
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Enrique Arrieta Antón, Fernando García López, María Luisa Carcedo Roces y Albert Royes i Qui. FERNANDO OTERO

«La eutanasia y los cuidados paliativos no son excluyentes, sino complementarios», aseguró ayer la exministra de Sanidad y ponente de la ley que entró en vigor el pasado 25 de junio que otorga el derecho a la ciudadanía de decidir sobre el fin de la vida bajo unas determinadas condiciones. «La decisión de incorporar la ley de eutanasia supone la modificación de los valores de la sociedad y es un aspecto de la salud pública», señaló.

En la mesa y en el debate hubo consenso sobre la necesidad de regular la eutanasia. «Hay más controversia social que en la ciudadanía», desctacó en reo de cada 250 pacientes mayores de 15 años y el 7% de personas con enfermedad invalidante estarían en situación de tomar una decisión sobre el final de la vida, según el Estudio de Planificación Anticipada de Voluntades en la Atención al final de la vida que presentó ayer Enrique Arrieta Antón en León, en el marco del XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología.

En una mesa dedicada a la ley de eutanasia en el marco de la salud pública este médico centinela de Segovia, miembro de la Comisión de Garantía la Eutanasia en Castilla y León, expuso que solo en el 2% de estos casos había referencias en su historia clínica sobre cómo prefieren afrontar ese final.

Las inscripciones de voluntadas anticipadas también son muy escasas. Menos del 1% de la población de más de 15 años y apenas el 1,5% de mayores de 65 han presentado sus preferencias para el final de la vida en el Registro de Castilla y León. En su mayoría son mujeres que se presupone «han pasado por la experiencias que no quieren ver repetir en sus vidas», remarcó el experto, quien recordó que es necesario presentar por escrito quien acogerse a la eutanasia.

Enrique Arrieta Antón, médico centinela y miembro de la Comisión de Garantías de la Eutanasia en Castilla y León, expuso que el concepto de muerte digna es subjetivo y «los conflictos al acercarse al final de la vida han ido en aumento» por el incremento de la esperanza de vida, pero «los problemas surgen cuando no resolvemos bien los conflictos». «El final de la vida tiene que responder a estándares

La mesa redonda dejó constancia de la evolución legislativa desde 1986 que rompió «la relación paternalista de la relación médico paciente típica de la dictadura», señaló Albert Royer i Qui, con la apertura de la Ley General de Sanidad a la concesión de derechos a los pacientes que prosiguió con el consentimiento informado en 2002 y actualmente con la ley de eutanasia. Royes echó en falta en la ley la posibilidad de que los menores puedan plasmar las últimas voluntades a pesar de que los mayores de 16 años pueden tomar decisiones autónomas sobre tratamientos. Otra laguna que ve es la no inclusión de otros supuestos de sufrimiento como puede ser la pérdida de la pareja después de muchos años de convivencia, quien se sabe afectado de una enfermedad neurodegenerativa o quien no quiere soportar el envejecimiento en condiciones no dignas para ella aunque goce de las atenciones médicas y de cuidados.

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