Castilla y León recibirá 10,1 millones para servicios sociales
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la distribución entre las autonomías de los fondos incluidos en los Presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que incluyen 10,1 millones de euros para Castilla y León.
Los fondos se destinan a financiar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, y el Programa Veca para garantizar la alimentación de menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, han informado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.
La novedad de este año es el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que asciende a 98 millones de euros en 2021 —10,1 millones para Castilla y León—, frente a los 40 millones de 2020.
Una cifra «histórica» que revierte en un solo año los recortes en la financiación de los servicios sociales, que pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013. La cifra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la mayor aportación de la AGE al Plan Concertado desde su creación en 1988.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que «gracias a la aportación del Estado, las comunidades. y las entidades locales, se van a financiar los servicios sociales de atención primaria gestionados por los ayuntamientos, que realizan una labor imprescindible como ha vuelto a demostrar este año de pandemia».
Recuperación
El Gobierno del 2012 «recortó drásticamente esta financiación y debilitó gravemente estos servicios. Pues bien, hoy no solo revertimos todos estos recortes en un solo año, sino que además aumentamos esta aportación hasta los 98 millones de euros, su mayor nivel histórico. Una financiación que servirá para reforzar nuestros servicios sociales, aquellos que están más cerca y atienden a la ciudadanía en su día a día», ha expuesto.
Este Plan permitirá co-financiar (con las comunidades y las entidades locales) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales.