Crisis por el coronavirus
Un Constitucional dividido tumba también el segundo estado de alarma
La mayoría del Pleno zanja que el Gobierno eludió el control parlamentario
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El Constitucional, de nuevo fracturado casi por la mitad, vuelve a vapulear al Gobierno por su gestión en la pandemia. El tribunal (por 6 votos a favor y 4 en contra) ha acordado declarar ilegal el segundo estado de alarma nacional por la crisis sanitaria (el que se extendió del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021). La corte zanja que el Ejecutivo de Pedro Sánchez violentó la Carta Magna por usar un ardid para saltarse el control periódico de parlamentario de esta normativa de excepción durante meses y por la decisión de Moncloa de dejar en manos de las autonomías la aplicación de las herramientas de ese estado de alarma, una cesión de competencias que el Constitucional cree que tampoco tuvo ningún amparo legal. En su recurso de inconstitucionalidad, Vox sostenía que el segundo estado de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.
La sentencia que se ha negado a apoyar con sus votos la minoría progresista del Pleno no solo está lejos de la unanimidad, sino que además contará con los votos particulares contrarios del propio presidente (Juan José González Rivas), de Juan Antonio Xiol, de Cándido Conde-Pumpido y de María Luisa Balagueren. Ese fallo, en esencia, concluye que Pedro Sánchez violó la legalidad con una maniobra «no razonable e infundada», que evitó que el Ejecutivo tuviera que rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados cada quince días para conseguir ir prorrogando el estado de alarma. Algo que sí que hizo con la primera alarma durante la primera ola cuando el Gobierno tuvo que acabar haciendo malabarismos parlamentarios para lograr los apoyos suficientes en el tramo final del confinamiento.
El acto en sí que la resolución considera inconstitucional tuvo lugar el 29 de octubre de 2021, cuando el Gobierno obtuvo el aval del Parlamento para prorrogar hasta el 9 de mayo el estado de alarma sin volver a pasar por el Congreso con el apoyo de 194 diputados de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y los cuatro diputados del PDeCAT; 53 votos en contra, los de Vox y del diputado del Foro Asturias; y 99 abstenciones de PP, la CUP. y Unión del Pueblo Navarro.