Llega la ley trans después de una dura negociación
El Consejo de Ministros aprueba hoy la norma Los dos socios de Gobierno han tenido intensos debates hasta llegar al consenso
El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI, tras meses de desencuentros y una negociación contrarreloj, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega al Orgullo con un anteproyecto que reconoce la libre determinación del género y deja de considerar enfermas a las personas trans. Las negociaciones entre los socios de gobierno han sido difíciles. Tras un bloqueo que ha durado meses por las diferencias de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a la autodeterminación del género, la cercanía del Orgullo, que ayer celebra su día, y la implicación del colectivo LGTBIQ+ han contribuido a desatascar el anteproyecto.
Igualdad, Justicia y Moncloa han consensuado finalmente que se permitirá el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses, lo que se conoce como autodeterminación del género. La ley acabará así con la patologización de las personas trans —hasta ahora tenían que acudir a un médico que acreditara su cambio de sexo— y reconocerá su identidad con un procedimiento administrativo sencillo en el Registro Civil: la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y volverá a hacerlo tres meses después para que el cambio sea efectivo.
Podrán hacerlo las personas mayores de edad y los menores a partir de los 14 años. Igualdad y los colectivos LGTBIQ+ lo solicitaban a partir de los 12 años, un punto que las asociaciones esperan que se mejore en el trámite parlamentario, al igual que el reconocimiento de las personas no binarias —que no se sienten ni hombre ni mujer—.
El camino del anteproyecto ha sido tortuoso y previsiblemente tendrá por delante una tramitación también compleja. El Gobierno de coalición se comprometió a impulsar dos leyes, una LGTBIQ+ y otra trans, pero finalmente ambos textos se han unificado en uno solo.
En la misma ley se regularán distintas cosas, como el cambio registral, el derecho de filiación de los hijos de las mujeres lesbianas, los tratamientos de fertilidad asistida para este colectivo y las «personas con capacidad de gestar», o el régimen sancionador por discriminación al colectivo LGTBIQ+.
Han sido muchas las reuniones de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia de Carmen Calvo, que veía en la autodeterminación del género el principal escollo y exigía seguridad jurídica. Los colectivos LGTBIQ+ y el Ministerio de Montero han mantenido en todo momento que la autodeterminación del género era una línea roja.
En paralelo a las negociaciones gubernamentales se han producido ásperos debates dentro del feminismo, donde un sector crítico defiende que el sujeto político del movimiento es la mujer y considera que la autodeterminación pueden conllevar el «borrado» de las mujeres del ordenamiento jurídico.
El pasado verano, la aparición de un argumentario socialista contrario a la autodeterminación del género que estaba avalado por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, avivó la polémica, si bien distintos integrantes del Gobierno han venido reiterando en diferentes ocasiones que el compromiso con el colectivo trans es claro.