Chorizos

R esulta que en la noble tarea de defender al pueblo, algunos funcionarios del orden piensan que exponer las ideas personales sobre la manera de entender la política de nuestras instituciones, puede resultar peligroso para la ciudadanía y sus representantes (llámense diputados, concejales, senadores, etc.).

Es curioso (aunque yo utilizaría otra expresión más contundente) cómo la libertad de expresión, en lo que va de siglo XXI, se va diezmando en países con amplia tradición en su defensa. En Italia se está juzgando a un escritor, Erri de Luca, por haber ejercido su derecho a la palabra contraria. Por su condición de ciudadano que expone y argumenta en contra de las decisiones que los representantes públicos han tomado. Así dicho, hasta suena banal. Parece que no fuera para tanto, pero la realidad es que se persigue y reprime de manera brutal el hecho de pensar distinto al poder gobernante.

En León, hace apenas una semana, se ha abierto una causa en contra de Ramiro Pinto, Natalia Arbolio y un tercer manifestante por concurrir a las puertas de la Diputación de León con una corra de chorizos y denunciando varias irregularidades de dicha institución. Este acto se realiza dentro de una manifestación programada y con el visto bueno de la subdelegación del gobierno.

Todo normal, lícito, hasta que salen los representantes de ese pueblo que clama menos corrupción. Salen esos representantes en cuyas filas algunos han sido juzgados por corruptos. Es decir, por chorizos, y salen también periodistas que se topan con que el pueblo quiere manifestar su desagrado. ¿Qué ocurre entonces? Que los policías se olvidan que el derecho a opinar diferente y hacérselo ver a nuestros representantes es lo que nos hace ser una democracia. Que su obligación es velar por el bien de los ciudadanos y vetando las bocas de unos manifestantes no se consigue nada más que un caldo de cultivo para la prevaricación y el caciquismo.

Flaco favor se hacen los miembros de dicha diputación si no intervienen en favor de la libertad de los manifestantes. Yo no creo que todo político sea perverso, y creo firmemente que en la Diputación de León hay grandes trabajadores en pro de una sociedad mejor. Por eso creo que son ellos, los funcionarios y diputados que allí estaban y que trabajan de manera honrada, los primeros que deberían presentarse en la causa contra Ramiro y Natalia para decir que no. Que no se puede juzgar a un ciudadano que opina diferente, que no se puede silenciar la palabra contraria a base de multa y mordaza, que la seguridad ciudadana no se pierde por pasearse con un chorizo frente a una institución pública y sí que se pierde arrestando y multando a los librepensadores.

Si leen la denuncia (en la web de Ramiro Pinto se encuentra) se darán cuenta de lo preocupante que es que la autoridad someta con estas acciones la libertad de expresión. Si leen con calma, verán que huele mal esta ley que amordaza. Que el día 18 la absolución total es la única opción para un estado de derecho sin ahumar.