Franco cobró un ‘impuesto revolucionario’ a miles de leoneses

Franco obligó a todos los leoneses con dinero y propiedades «a pasar por caja». Así financió y ganó la guerra. Esta es una de las conclusiones —frente a las tesis de la mayoría de los historiadores— a la que llega el investigador Javier Fernández-Llamazares en su libro Los leoneses que financiaron a Franco (Eolas Ediciones). El escritor, autor de Crónicas de la burguesía leonesa, ha tenido acceso a archivos y documentos que han permanecido cerrados a cal y canto durante ocho décadas, como los de Hacienda.

El investigador, propietario del archivo privado de la Banca Fernández-Llamazares —que lleva catalogando desde hace 25 años—, relata con nombres y apellidos las cantidades que aportaron obligatoriamente cientos de comerciantes y empresarios a los militares golpistas. Hurtado, Roa, Rico, Pallarés, Álvarez Carballo... son algunas de las personas que desfilan por un libro que, probablemente, levantará ampollas.

«Sin esta recaudación, Franco no habría aguantado ni cuatro meses», dice el autor, quien sostiene que la guerra, en realidad, comienza en octubre del 34, cuando los militares ‘fichan’ a la mayoría de la población y saben, por sus informadores de la banca y de Hacienda, el dinero y las propiedades de todos y cada uno de los ciudadanos. A través de la documentación recabada sobre cientos de leoneses, el escritor reconstruye «el engranaje económico-represivo utilizado por el poder militar».

Las multas escandalosas que imponen a todo el que tenga una cuenta corriente o propiedades son cruciales en los ocho primeros meses de la contienda, porque «después la población ya no tiene oro ni dinero». Un sistema de recaudación que, en realidad, es «un impuesto revolucionario».

Fernández-Llamazares calcula que en los inicios del alzamiento el bando de Franco ingresó en León más de 15 millones de pesetas. «Sólo con doce multas a los principales empresarios recaudaron más que en las incautaciones de bienes». A Eduardo Pallarés, por ejemplo, le imponen una primera multa de 10.000 pesetas, luego le incautan bienes; y, finalmente, le aplican otra sanción de 70.000 pesetas. «Una fortuna para la época», teniendo en cuenta que el ramal de ferrocarril que construye la Legión Cóndor entre León y la base aérea de la Virgen del Camino costó la misma cantidad.

Pagar y callar

«Era un chantaje. Todas las familias pagaron y callaron». El investigador evita hacer valoraciones, aunque reconoce que las familias con las que ha hablado —y que le han proporcionado las fotografías del libro— ignoraban estos datos y comprueban ahora que «lo que les habían contado no era cierto». «Muchos archivos no los habían dejado ver hasta ahora, porque los estaban catalogando o porque su consulta estaba en el límite legal. Y también hay archivos que ni los propios funcionarios saben lo que tienen», explica. Fernández-Llamazares ha tardado tres años en ordenar y ‘cruzar’ la información captada en lugares como el Archivo Municipal o el Militar de El Ferrol, además de correspondencia privada. Así es capaz de reconstruir casi día a día la vida de personajes como María Sánchez Miñambres o Manuel García-Lorenzana, dueño de Mantequera Leonesa. «En León, al margen de la ideología, la totalidad de la población que disponía de recursos económicos aportó obligatoriamente importantísimas sumas de dinero al poder militar». Fernández-Llamazares cree que ha abierto una nueva línea de investigación y que su libro modifica la historia de la Guerra Civil. Es el primero de los tres volúmenes que se propone publicar para esclarecer cómo y quién financió, a la fuerza, la asonada militar del 36.

Detalle de la portada del libro. DL

Si la mayoría de los historiadores consideran que Franco sufragó la guerra con las incautaciones de bienes y la financiación exterior, el investigador leonés sostiene que la recaudación por estas vías fue mínima —menos de dos millones de pesetas—, frente a los ingresos escandalosos que obtuvieron con la extorsión. Además de imponer sanciones, los militares tienen otras fórmulas para ‘saquear’ a la población, como las suscripciones para causas tan diversas como ‘Homenaje al general Arana’, ‘Pan y leche para Madrid’ o ‘Pro Avión para León’, que recaudó 400.000 pesetas.

«Lo que pasó en León, supuestamente, ocurrió en el resto de las provincias», dice. De hecho, muchos colaboradores y simpatizantes de los golpistas acabarían pagando también su tributo a las autoridades militares, como Pedro Martín Escudero, que regentaba una farmacia y que fue multado «por negarse al suministro de medicamentos de urgente necesidad para los heridos de guerra de un hospital de la Cruz Roja».

El escritor está convencido de que lo mismo que las ejecuciones se producen masivamente entre 1936 y 1937, también el sistema de multas concluye en marzo de ese año, cuando Franco prohíbe esta financiación irregular.

Las multas, hasta diciembre de 1936, las impone el poder militar y se pagan en San Marcos. A partir de febrero del 37, se ingresan en la cuenta del llamado Fondo Benéfico Social.

Chivatos y delatores

Aunque no es el tema central de Los leoneses que financiaron a Franco, el libro también da cuenta de algunos personajes que estaban condenados a muerte por su militancia en partidos de izquierda y que ‘milagrosamente’ salvaron la vida. «Hay que ponerse en su situación y comprender lo que les pasó», dice el investigador.

Fernández-Llamazares no les juzga, pero no oculta que, por ejemplo, el escritor Victoriano Crémer «salva la vida porque es un delator». Igual que José María Molla, jefe de la principal logia masónica, que se libra del paredón porque «da datos de todos los masones».

El escritor deja claro que todo lo que aparece en el libro no son teorías suyas, sino que lo cuentan los protagonistas en los documentos que ha localizado en diferentes archivos y que él ha encajado como un puzzle.

Fernández-Llamazares explica que el dinero que se recauda en León, en su mayor parte, no sale fuera, sino que se destina a sufragar el avituallamiento de la tropa. Sólo una mínima parte, se envía a La Coruña, sede de la VIII Región Militar, de la que dependía León.

El escritor aclara que hay que tener en cuenta que la guerra no es lineal y no fue igual la represión en los primeros meses que en los últimos; lo mismo que ocurre con las multas. Afirma que de las 10.000 causas que se conservan en el Archivo de El Ferrol, la mayoría de las penas no se cumplen. «María Sánchez Miñambres es condenada a 12 años, pero cumplirá 4; y así en el 95% de los casos. Entre otras cosas, porque no podían mantener el sistema carcelario».

Fernández-Llamazares califica de «terrorífico» lo que sucede en León entre septiembre y diciembre de 1936. Es cuando se producen la mayor parte de las ejecuciones y los ‘paseados’.

El libro, con cientos de anotaciones a pie de página y una ingente información, también incluye innumerables anécdotas. Cuenta el autor que en el archivo de su familia hay centenares de fotografías de «chicas bien» de la época en compañía de los militares de la Legión Cóndor. «Pero no sólo fueron las señoritas pudientes quienes se relacionaron con los militares. A partir de 1939 empezaron a aparecer en el hospicio un buen número de niños sospechosamente rubios...».