El Gobierno solo reconoce el valor estatutario de la lengua leonesa
«Visto el nulo interés de la Junta de Castilla y León en proteger el idioma leonés, y que la Constitución atribuye al Estado la protección de todas las lenguas españolas, ¿va
a adoptar alguna medida para proteger y poner en valor este idioma, o va a continuar
como ahora sin hacer nada y por lo tanto incumpliendo el artículo 3 de la Constitución?», esta fue la contundente pregunta dirigida por Eduardo Mulet, senador por las Corts Valencianes, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, que representa a Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera.
respuesta insatisfactoria
La respuesta del Gobierno fue la siguiente: «En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Constitución Española (CE) proclama, en su artículo 3.3, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección , y que son los Estatutos de Autonomía los que deben recoger la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano (artículo 3.2). Cabe señalar que el leonés queda recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, como lengua minoritaria, establece que será objeto de protección específica por las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad Autónoma y se encuentra amparada, igualmente, por la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. El leonés, por lo tanto, es una lengua con reconocimiento estatutario pero no de carácter cooficial, por lo que no le son de aplicación las obligaciones derivadas de las lenguas cooficiales, sin perjuicio de los compromisos que asuman los poderes públicos de velar por su protección y promoción (...)En este sentido, se informa que el Gobierno realiza importantes labores de protección y promoción de las lenguas cooficiales y lenguas minoritarias y así se ha hecho constar en los informes de seguimiento presentados ante el Consejo de Europa».
Mulet aseguró que se trata de una interpretación falsaria de la Constitución Española.