jueves 21/10/21

Acabar con la penalización a las largas carreras de cotización

Los sindicatos quieren terminar con las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, en muchos casos forzosas, de los que tienen largas carreras de cotización. En este caso es eliminar una norma que estableció la reforma del PP de 2013, algo que está barajando tanto el Pacto de Toledo como el Gobierno.

En la actualidad hay cerca de 650.000 pensionistas que se jubilaron anticipadamente, de los cuales más del 80% (un total de 531.472) han sufrido una merma de su pensión que en algunos casos llega hasta el 40%, pese a que tienen a sus espaldas más de 40 años cotizados y en su mayor parte proceden del desempleo.

La pregunta es: ¿ha conseguido entonces la reforma de 2011 su objetivo que no es otro que mantener a los trabajadores más tiempo en el mercado laboral y retrasar su jubilación? Datos en mano, la edad de acceso a la jubilación ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años y aquellos que se retiraron bajo esta nueva normativa lo hicieron más tarde, 1,8 años más tarde, que los que se acogieron al régimen previo. Más concretamente, en 2018 (último dato disponible), la edad media de jubilación con la reforma de 2011 escaló hasta los 64,9 años. Sin embargo, para los que no era de aplicación esta edad se rebajó hasta los 63,1, según refleja el informe del supervisor.

Además, desde 2006 hasta ahora la edad media ha aumentado algo más de un año, al pasar de 63,5 a los 64,6 años. Sin embargo, este incremento de la edad efectiva de jubilación no ha sido constante a lo largo de los últimos ejercicios.

En 2013, cuando entró en vigor la reforma de 2011, la edad de jubilación creció considerablemente y se situó en 64,3 años. En los años siguientes descendió y a partir de 2016 repuntó de nuevo. Sin embargo, cabe destacar que, si se toma el período 2006-2020 en su conjunto, el peso de las jubilaciones a los 65 años o más es muy similar y se sitúa en el entorno del 60% (En 2006 era del 59,5% y en 2020 está en el 60,3%). Por eso el Gobierno ya ha anunciado medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación.

A la espera de lo que dicte el Pacto de Toledo, su intención es endurecer las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y crear nuevos incentivos para los que deciden demorarlas.

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