Los agricultores exigen medidas concretas para frenar las protestas

Las organizaciones agrarias se reunieron ayer con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transmitirle su temor a que haya una rebaja de la PAC (Política Agraria Común de la UE) porque tendría «consecuencias terribles» por el recorte de la financiación, así como para exponer las medidas concretas que quieren que adopte el Gobierno.

Sin embargo, a la salida del encuentro los portavoces explicaron que por ahora el Ejecutivo «solo nos ofrece diálogo», por lo que no se puede decir que estén satisfechos «con la que tenemos montada en la calle», aseguró Pedro Barato, presidente de Asaja. Aunque reconocen que estas movilizaciones han movido a una parte de la sociedad y que se ha abierto «una pequeña puerta» al formar parte del diálogo social, Miguel Blanco, secretario general de Coag, sostuvo la importancia de una «coordinación interministerial», ya que hay asuntos competencia del Ministerio de Seguridad Social -como las bonificaciones a las cotizaciones sociales que exigen- en las que la ministra Díaz no les puede dar solución.

Respecto a la subida del salario mínimo (SMI), que en un principio parecía el principal foco de atención ya que las movilizaciones comenzaron después del anuncio de subida a 950 euros mensuales, Blanco explicó que las asociaciones agrarias no quieren que se reduzca, pero los precios y las rentas «también tienen que ser dignas porque la subida del SMI tiene una clara incidencia en los costes de producción».

Un poco más optimista fue Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, que considera que estas reuniones están marcando el camino para un acuerdo que «se terminará plasmando en unos días». Destacó que el Gobierno les ha reconocido que sus movilizaciones son «justas» y que tienen razón denunciando una situación «injusta»: «Me llevo la sensación de que en pocos días tendremos concreción y que en una semana o diez días podremos presentar un documento a los agricultores», aseguró Ramos, quien confirmó que en ese caso se desconvocarían las protestas.

Horas antes de este encuentro, la portavoz del Gobierno, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo está «escuchando» a los agricultores, así como «planteando soluciones y mecanismos de ayuda» al campo. Defendió que la nueva PAC tenga el mismo presupuesto que el actual y así permitan que el sector agroganadero «pueda ser rentable». Y es que esta política europea es un «puntal» de la economía española y «crucial» para la estabilidad y sostenibilidad del sector ya que en torno al 30% de la renta media de agricultores y ganaderos proviene de estos fondos, que el Consejo Europeo quiere recortar un 14% respecto al presupuesto actual.

El borrador de la PAC preparado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propone un marco financiero para el periodo 2021-2027 del 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del bloque, frente al 1,114% que pide la Comisión Europea o el 1,16% actualmente vigente. Este presupuesto supone un recorte del 14% para la PAC y un 12% en los fondos de cohesión, aunque permite una mayor flexibilidad en la gestión a los Estados, con el argumento de que ahora la UE tiene que dotar de mayores recursos a otras políticas como la lucha contra el cambio climático o la transición digital.

Además, la ministra recordó el compromiso del Gobierno de reformar el sistema de peonada para ofrecer una cobertura «más adecuada» a trabajadores eventuales.