Diario de León

Aviso del Tribunal de Cuentas a Bruselas por el riesgo del Popular

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La controvertida resolución del Banco Popular en junio de 2017 puede terminar teniendo un peligroso efecto bumerán para las autoridades europeas, que siguen dando vueltas a cómo perfeccionar un sistema que todavía arroja serias dudas. La última alerta a ese respecto, y seguramente la más seria, la ha dado el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés), al advertir que los riesgos financieros que podrían derivarse de sus decisiones, resultarían bastante mayores a lo estimado.

En su informe sobre el Mecanismo Unico de Resolución, el sistema de la UE que gestiona la «liquidación ordenada» de bancos inviables en la unión bancaria, estima que los responsables comunitarios han podido pecar de exceso de confianza en sus cálculos, además de quedar estos desfasados. Para 2019, la Junta Única de Resolución (JUR) —responsable del MUR junto a la Comisión Europea (CE), el Consejo y las autoridades nacionales— revelaba la existencia de pasivos contingentes por 2.047 millones de euros (con las últimas reclamaciones el importe recurrido llega a 3.143 millones), pero sus socios no apuntaron ninguno.

Esas provisiones se referían exclusivamente a los contenciosos abiertos contra las aportaciones previas (‘ex ante’) que los bancos pagan para financiar el Fondo Único de Resolución (FUR), del que Bruselas pretende que, como mínimo, alcance el 1% del importe de los depósitos con cobertura en la unión bancaria al final de 2023, lo que supondría 70.000 millones de euros. En julio de 2020 (últimos datos) se aproximaba a los 42.000 millones.

Ese dinero sale de las arcas de más de 3.000 bancos, con una aportación fija para los pequeños y otra ajustada al riesgo para los grandes. Parte de las entidades no están de acuerdo y han presentado más de 650 recursos (administrativos o judiciales).

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