Las ayudas sociales continuarán ante la propagación del virus
El Gobierno definirá hoy las condiciones del bono social, desahucios y la prohibición de cortes
El Consejo de Ministros de hoy llega cargado de prórrogas en el conjunto de medidas que el Gobierno aprobó en el peor momento de la pandemia, y que ahora se ve obligado a extender ante la frágil situación económica por la que atraviesa España por los continuos brotes del coronavirus. El Ejecutivo apuró hasta última hora de este lunes la discusión interna de cómo ampliar las medidas incluidas en lo que el vicepresidente, Pablo Iglesias, acuñó como el ‘escudo social’ para proteger a las familias más desfavorecidas. Aunque habrá cambios de mayor o menor calado en algunas de estas acciones, según apuntan fuentes gubernamentales, prácticamente todas se extenderán al menos hasta el 31 de enero de 2021. Con la excepción de las moratorias hipotecarias.
Fuentes del Ejecutivo admiten que sobre la economía pesa una gran losa como consecuencia de la propagación del coronavirus en las últimas semanas. Los confinamientos se han extendido y con ello el cierre forzado de la actividad en muchos territorios. Aunque las actuaciones estaban ideadas para un periodo de vigencia que no superara los seis meses, la realidad de la enfermedad se ha impuesto con el paso de los días, incluso sobre la previsión más pesimista, que limitaba a este mes las medidas.
El socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha insistido en los últimos días en la necesidad de actuar en este sentido. Aunque son varios los departamentos implicados, desde el de Economía hasta el de Hacienda, pasando por el de Transición Ecológica o el de Derechos Sociales. Entre las medidas que el Ejecutivo va extender se encuentra la prohibición de los desahucios y las subidas «abusivas» en el alquiler de viviendas. En concreto, se prorrogará la prohibición de esos desahucios en las mismas condiciones que hasta ahora marcaba el decreto ley aprobado a finales de marzo. También harán lo propio con los contratos de alquiler. Y la prórroga de la medida sobre los grandes tenedores de vivienda (habitualmente fondos de inversión), que tendrán que decidir entre una quita del 50% del arrendamiento o una reestructuración de la deuda en, al menos, tres años.