Diario de León

BBVA deberá aclarar por qué fallaron los órganos de control en el ‘caso Villarejo’

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JOSÉ ANTONIO Bravo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pretende que BBVA, investigado en calidad de persona jurídica por tres delitos en relación a los espionajes y otros «servicios de información» encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo, aclare por qué fallaron sus órganos de control para permitir unas contrataciones que considera a priori «ilícitas» porque, entre otras cosas, se produjeron cuando el citado policía todavía estaba en activo y vulneraron la intimidad de diferentes personas.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón persigue que el banco adopte una posición proactiva si realmente quiere acreditar que la sociedad como tal desconocía las irregularidades descubiertas.

PREVENCIÓN DE DELITOS

La declaración del representante legal de BBVA, que deberá acudir a la Audiencia Nacional el próximo 24 de septiembre, puede ir más allá del formato habitual en las imputaciones empresariales.

De hecho, adquirirá una importancia inusitada para medir tanto el grado de colaboración real del banco con las pesquisas judiciales como el funcionamiento de su programa interno de prevención de delitos, obligatorio para las compañías desde la reforma del Código Penal de 2010.

Su comparecencia, dentro de una de las 13 piezas que tiene el ‘caso Tándem’ sobre los trabajos realizados por la red parapolicial que presuntamente montó Villarejo durante más de una década con varios socios, se producirá además tras el interrogatorio en fechas previas de varios ex cargos de la Policía y agentes que pudieron colaborar en los trabajos para BBVA.

En el auto dictado en julio, donde se decretaba de manera oficial que BBVA pasaba a ser investigado como persona jurídica, el juez instructor del caso ya sostenía que la cúpula «consintió» la contratación de empresas de Villarejo —fundamentalmente de la firma Cenyt— para «múltiples servicios de inteligencia» pese a tener «carácter ilícito», en vista del «beneficio personal y empresarial» que podían reportar sus servicios.

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