Bruselas aboga por fijar ya sendas de reducción «realista» de deuda pública

El asunto no estaba en la agenda, pero se daba por hecho que iba a colarse en el debate que los ministros de economía y finanzas del Eurogrupo (los diecinueve países que comparten divisa) celebraron ayer en la capital de Eslovenia. En su reunión informal abrieron el melón de las normas fiscales comunes. Del cuándo (seguramente en 2023) y cómo debe desactivarse la cláusula de escape que, desde el estallido de la covid, da barra libre al endeudamiento y el déficit.

De momento, tanteo y primera toma de posiciones. Porque oficialmente no se hincará el diente a este asunto hasta otoño (a la vuelta de la esquina sí, pero con margen hasta diciembre) cuando la Comisión Europea retomará las consultas con los Estados.

«Necesitamos calidad y consenso», destacó el responsable económico del Ejecutivo de Bruselas, Paolo Getiloni, mientras que el vicepresidente Valdis Dombrowskis abogó por «una reducción de la deuda que sea realista para todos». Gana terreno, en definitiva, la tesis de que los dos umbrales que hasta marzo de 2020 servían como referencia (que la deuda pública no rebase el 60% y que el déficit esté en el entorno del 3%) están ya en otra dimensión. A la fuerza ahorcan.

Y aquí España vuelve a insistir en que tiene que haber cambios. La vicepresidenta Nadia Calviño pidió «modernizar y simplificar» ese nuevo marco regulatorio para que sea «más acorde con la realidad» y que, al mismo tiempo, no coarte las «necesidades de inversión» que van a seguir condicionando las economías tras esta crisis, con el horizonte de conseguir la ansiada transición verde y digital. Todo debería quedar claro antes de desactivar la cláusula de escape.

Francia sintoniza también con esa visión. Vuelta a las finanzas públicas «saneadas» sí, pero de forma «progresiva» y «sin estrangular el crecimiento», subrayó Bruno Le Maire. Una tesis extendida en el sur que vuelve a despertar recelos en el norte y este de Europa. De momento sin confrontación directa. Los responsables económicos de Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, Eslovaquia y República Checa han puesto en común sus puntos de vista sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En una carta conjunta abogan por «unas finanzas públicas saneadas» como «pilar central de la pertenencia a la UE y una base para la economía y la Unión monetaria» y, en esa línea, consideran que «la sostenibilidad fiscal combinada con reformas debe seguir formando la base del marco común». Reconocen la evidencia: que la deuda pública en la UE se ha disparado dramáticamente, un 15% en dos años (del 79% de 2019 al 94% actual), pero no quieren que en el futuro se esquive esa variable: «La reducción de los ratios de endeudamiento excesivos debe seguir siendo un objetivo común», subrayan. Se abren a la aplicación «coherente y transparente», a «simplificaciones y adaptaciones» que mejoren ese pacto.