Bruselas advierte de que la excepción ibérica solo es posible hasta diciembre
Alega que, de aprobar su extensión, debe retirarse al expirar el marco de ayudas por la guerra
Sede de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica). OLIVIER HOSLET
A falta de conocer si se extenderá o no el tiempo de aplicación de la excepción ibérica, la Comisión Europea ya ha informado de que su posible prórroga estará condicionada. El mecanismo, que permite reducir el impacto del aumento del coste del gas en la factura eléctrica no podrá extenderse más allá de diciembre de 2023, fecha en la que expira el marco temporal de ayudas por la guerra en Ucrania. Así se lo ha trasladado Bruselas a España y Portugal, que pedían poder seguir aplicando el tope al gas usado para generar electricidad hasta mayo de 2024. Si los países de a Unión Europea (UE) deciden no modificar el fin del marco de ayudas temporales ante esta crisis, la excepción ibérica deberá limitarse a esos mismos plazos y dejar de funcionar el 31 de diciembre.
Ya a principios de año, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que solicitaría ampliar la excepción ibérica, que —según fuentes de su Ministerio— ha permitido a hogares y empresas españolas ahorrar hasta 4.577 millones de euros desde junio. Otros países, como Italia y Grecia, trataron de copiar esta herramienta y Bruselas llegó a sopesar su extensión a toda la UE.
Con este mecanismo, España y Portugal introdujeron un tope de 40 euros el megavatio hora (MWh) al gas usado para generar electricidad durante los seis primeros meses. Después, ese precio se ha ido incrementando en cinco euros/MWh cada mes.
Los dos países señalaron esta misma semana que los primeros contactos con la Comisión Europea respecto a esta solicitud han sido «constructivos» y se mostraron «optimistas». La petición se encuentra ya en manos de los servicios técnicos del Ejecutivo europeo y España y Portugal consideran «totalmente razonable» su extensión por seis meses.
La reforma como eje «central» Desde el Ministerio de Transición Ecológica recordaron que existe, además, la posibilidad «perfectamente factible» de que se pudiera lograr una reforma estructural del mercado europeo de la electricidad. Se trata de una «estrategia central» para España y, si se lograra, «la solución ibérica sería innecesaria».
Se espera que este sea uno de los principales debates —y también uno de los más difíciles— que los Veintisiete deberán abordar este 2023. A pesar de que los precios del gas se han estabilizado en los últimos meses, la previsión es que repunten en primavera, cuando empieza la temporada de llenado de las reservas europeas. España se ha adelantado a esta situación y hace diez días envió a Bruselas sus propuestas para modificar el mercado eléctrico europeo, entre las que se encuentra una iniciativa para apartar el gas de la fijación de precios de la electricidad.
El nuevo modelo planteado por Madrid evitaría la excesiva escalada de precios y limitaría los precios de las centrales de ciclo combinado y las hidroeléctricas. Estas plantas recibirían a cambio una retribución por el volumen de energía vendida y una prima por su disponibilidad cuando la demanda sube y el gas entra en el pool eléctrico.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido ya de la importancia de llevar a cabo una «reforma completa» del sistema europeo. Con todo, la decisión estará en manos de los 27 Estados miembro, cada uno con un mix energético y con sus propios intereses; por lo que las negociaciones podrían alargarse durante meses.