Bruselas levanta un escudo para blindarse de empresas extranjeras con subsidios públicos
El nuevo reglamento, orientado a China o Reino Unido, frustra operaciones e impone sanciones
Casi un año después de avanzarlo como proyecto de trabajo, la Comisión Europea lo transforma en reglamento. Bruselas articula una herramienta para blindar las infraestructuras esenciales y las grandes empresas estratégicas europeas frente a las inversiones extranjeras que cuentan con soporte público en sus países de origen.
Un semáforo que se levanta pensando en China, que durante años ha ido desplegando una red de inversiones que le ha permitido hacerse con empresas de neumáticos, aerolíneas, aeropuertos, puertos marítimos, plantas de aerogeneradores e incluso equipos de fútbol. Pero no solo China está en el punto de mira, también Reino Unido y la desconfianza en un Boris Johnson que pese a renunciar a ello en el acuerdo del Brexit, podría abrir la mano a ayudas multimillonarias para que las firmas británicas puedan competir en mejores condiciones.
Lo que se diseña es un marco regulatorio (que aún debe ser consensuado con los Veintisiete y la Eurocámara) similar al que rige con las ayudas de Estado a sus empresas nacionales. Por supuesto, Bruselas no señala a ningún país. Ni tampoco quiere romper el libre mercado.
Porque según datos de la propia Comisión, en 2019 las inversiones extranjeras en la UE supusieron en torno a siete trillones de euros y de ellas dependen dieciséis millones de empleos. «Lo que buscamos es que todas las empresas extranjeras respeten nuestra casa y eso pasa por no permitir subsidios que socaven la competencia justa de los mercados», defendió ayer la comisaria responsable de Competencia, Margrethe Vestaguer.
Hasta la fecha existía un vacío que permitía a las multinacionales extranjeras subsidiadas comprar empresas en Europa. «Y eso no es justo ni para nuestras empresas, ni para nuestros trabajadores ni para nuestros consumidores». Así que se plantea un «punto y final» que otorgaría al Ejecutivo comunitario plena capacidad para dar luz verde o impedir este tipo de operaciones de intervención o fusión.
Tendrá competencias para investigar directamente si se han recibido estos subsidios. «Podemos pedir información a las empresas, inspeccionar sus sedes e incluso imponer sanciones si no cooperan». Estas alcanzarían el 10% de su volumen de negocio. «Podremos juzgar si existen subsidios extranjeros que ponen en tela de juicio la libre competencia», subraya Vestagher.
Las operaciones entrarían automáticamente bajo la lupa si la empresa que se va adquirir tiene un volumen de negocios de 500 millones de euros o más y la contribución extranjera es de al menos 50 millones.
«Consideramos que es un umbral razonablemente alto para iniciar una investigación». En ofertas en contratos públicos la vigilancia se activará con una contribución financiera de un gobierno de fuera de la UE, si existe un valor estimado de la contratación de 250 millones de euros o más.