Uno de cada cuatro funcionarios de la administración del Estado teletrabaja
Cuando ya ha pasado un año de la pandemia, el teletrabajo ya no es la modalidad prioritaria en la Administración General del Estado (AGE). Así, apenas uno de cada cuatro empleados públicos continúan trabajando en remoto desde los meses del verano pasado, mientras que las tres cuartas partes restantes trabajan en modalidad presencial, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Función pública.
Más concretamente, de los 178.128 funcionarios con que cuenta en la actualidad la AGE, actualmente 127.691 (71,68%) trabajan ya en la modalidad ordinaria presencial y 46.760 (26,25%) desde sus domicilios. En abril de 2020, primer mes completo en el primer estado de alarma, el personal que teletrabajaba en la Administración superaba al personal en modalidad presencial: 108.691 frente a 47.816, respectivamente. Al finalizar el primer estado de alarma, la situación cambió y la modalidad de trabajo presencial fue imponiéndose a partir de junio de 2020.
Por otra parte, hay casi 1.500 efectivos, 1.459, lo que representa un 0,82%, que están en situación de aislamiento domiciliario por contagio de la covid-19 o por encontrarse en periodo de cuarentena al haber mantenido contacto con alguna persona afectada. Se trata prácticamente de una cuarta parte de la cifra que se llegó a alcanzar hace un año, cuando el personal aislado superó los de 6.200 efectivos.
Regulación del teletrabajo
Precisamente la semana pasada el Ministerio alcanzó un acuerdo con los sindicatos para que los empleados públicos de la Administración General del Estado puedan teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana.
El teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. También se podrá autorizar en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento. Sin embargo, no todos los funcionarios del Estado podrán disfrutar de la jornada laboral en sus domicilios, sino solo para los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados, previa solicitud y autorización.
Para ello, cada departamento ministerial u organismo público, previa negociación con los sindicatos, deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados.