Caixabank quiere un ERE rápido para zafarse de la presión política

Hacía tiempo que la junta de accionistas de un banco no resultaba tan prolija en críticas de hacia la dirección de una entidad a cuenta del ajuste laboral, por un lado, y del salario de los consejeros, por otro. La que ayer celebró Caixabank unió ambas reivindicaciones en una buena parte de las intervenciones de los accionistas —muchos representantes sindicales— que conminaron al grupo a relajar el ERE planteado sobre casi 8.000 personas. Sin embargo, el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, insistió en la necesidad de acomerte este ajuste de la plantilla e instó a hacerlo de forma rápida.

«Soy consciente que son momentos delicados y que esta situación genera incertidumbre para las personas de nuestro equipo, por lo que debemos acotar el tiempo», apuntó en su intervención en el Palacio de Congresos de Valencia, sede social de la compañía.

Goirigolzarri se mostró «convencido» de que van a alcanzar acuerdos con los sindicatos en el marco del proceso de reestructuración de la entidad y cuyas negociaciones ya se encuentran en marcha y deberían estar finalizadas antes de que termine junio. También el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, dedicó parte de su intervención a este asunto laboral. Afirmó que buscarán «activamente llegar a un acuerdo razonable» que asegure la competitividad futura de la entidad. Un pacto que, a su juicio, «facilite también la recolocación de las personas que salgan de la entidad dándoles la formación adecuada para que puedan encontrar nuevas ocupaciones».

Entre todas las miradas pendientes de la junta de accionistas de ayer se encontraba la del Estado, con un sillón en el consejo de administración del grupo a través del Frob. Sobre todo después de que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, haya requerido formalmente tanto a Caixabank como a BBVA que sean «estrictamente rigurosos» con las formalidades del periodo de consultas de sus respectivos ERE, cuyas primeras medidas a debatir deben estar destinadas, tal y como les recuerda el Ejecutivo, a evitar o reducir los despidos planteados por los bancos.

Trabajo insiste que el ERE «debe ajustarse a una serie de condiciones de forma y de fondo», dado que «la intención empresarial comunicada presenta elementos de especial gravedad y trascendencia, tanto por el impacto que tiene sobre el empleo, como, en particular, por sus efectos sobre los trabajadores, sobre los que eventualmente resulten afectadas por el despido y también sobre aquellos que no lo sean». El sindicato CC OO ha aplaudido que el Gobierno se haya implicado en estos ERE de las grandes entidades.

La misiva ha sido remitida después de las críticas de buena parte del Ejecutivo a estos procesos laborales, sobre todo en el caso de Caixabank, donde participa el propio Estado. Ayer mismo, y mientras tenía lugar la junta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advertía a la banca de que «no son tiempos de despidos». Recordó que la reforma laboral del PP «eliminó del Estatuto de Trabajadores la autorización administrativa que había respecto a los despidos colectivos». «Y, por tanto, no tenemos posibilidad legal de actuar sobre los despidos colectivos», reconoció. La junta quedó empañada, además, por las protestas de varios grupos de trabajadores contra este recorte de empleo en las afueras del recinto valenciano.