Calviño admite la falta de empleados cualificados para el despliegue en España de los fondos de la UE

Las licitaciones se suceden, las convocatorias se aceleran, pero los proyectos no terminan de ejecutarse. La gestión de los fondos europeos se ha convertido en foco de batalla entre aquellos que critican que el dinero no llega a la economía real, y el Gobierno, que defiende que ya se han autorizado el 78% de los recursos presupuestados.

Las cifras públicas indican que, en total, se han transferido cerca de 19.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que juegan un papel clave en el despliegue de estas inversiones y, por tanto, en su llegada al tejido productivo de todo el territorio. Sin embargo, los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), a cierre de septiembre, indican que los pagos realizados —lo que más se podría asemejar a lo que llega a proyectos concretos— se limita a 6.347 millones.

Desde el Ministerio de Economía reconocen algunos problemas que se han detectado a la hora de desplegar las inversiones del Plan de Recuperación.

«Requiere mano de obra cualificada. Se han detectado carencias en determinados ámbitos, especialmente en el sector de la construcción», indican. Ante esta situación, Economía trabaja con los agentes sociales para impulsar el número de trabajadores con el nivel requerido. «En particular, se ha solicitado al Sepe acelerar las políticas activas de empleo y la formación en el sector, complementarias al refuerzo de las plazas de Formación Profesional», explican.

Durante un breve encuentro con los medios en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insistió ayer en que uno de los elementos que se está observando en el mercado laboral es, precisamente, «un aumento en la demanda de las profesiones cualificadas en las nuevas actividades económicas, por ejemplo en la nueva economía digital, telecomunicaciones... e igual sucede con el ámbito cualificado de la construcción».

A su juicio, esto pone de relieve que el Plan de Recuperación «es una palanca muy potente de creación de empleo de calidad». Por eso, el Gobierno busca asegurar que las políticas activas de empleo, formación y cualificación «se aceleran y modernizan para que podamos garantizar que todas las personas que buscan empleo lo encuentran de calidad, con buenos salarios y más estables».

La vicepresidenta insistió ayer en que no se están produciendo incumplimientos. Y rechazó cualquier posibilidad de que el próximo desembolso de Bruselas, que el Gobierno prevé solicitar en torno al 11 de noviembre, corra algún tipo de peligro.

Antes de esa fecha, el Ejecutivo debe solucionar, no obstante, algunas lagunas detectadas por la Comisión Europea, como el retraso de la puesta en marcha, y los posteriores fallos aparecidos, del sistema Coffee, la herramienta en la que quedan registrado y —en principio— auditado el dinero que se va repartiendo a los distintos proyectos.

Tampoco gusta en Bruselas las dudas que han surgido en torno a grandes promesas como el Perte del vehículo eléctrico.