Calviño promete que la ayuda a empresas será para todo el año
La ministra ha cuantificado en 29.000 millones de euros las medidas de apoyo a las empresas
La vicepresidenta tercera de Economía, Nadia Calviño. FERNANDO ALVARADO
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha comprometido este jueves ante el Pleno del Congreso la cobertura durante todo el año de la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas a afrontar la crisis de la pandemia de Covid-19, incluido el sistema de protección de los Erte, asegurando que «se extenderán todo lo que sea necesario».
Así, durante su intervención en defensa del decreto ley aprobado por el Ejecutivo de coalición para dotar de un fondo de 11.000 millones de euros en apoyo a las empresas, de los cuales 7.000 millones serán para ayudas directas, ha enumerado diez medidas que «estarán disponibles en 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo».
Además del sistema de protección al empleo de los Erte para cubrir salarios y cotizaciones, ha citado la línea de avales públicos del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios.
A estas medidas Calviño ha sumado el fondo de ayudas directas contenido en el decreto ley que se somete este jueves a su votación de convalidación en el Congreso, el fondo de reestructuración de deuda financiera contenido también en el mismo y los fondos de solvencia gestionados por la Sepi y Cofides.
En total, Calviño ha cuantificado en 29.000 millones de euros el coste de recursos públicos en medidas de apoyo a las empresas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia en todo este año, representando un 2% del PIB. A todo ello se le sumará la reforma de la normativa concursal, cuya trasposición de la directiva europea de reestructuración y solvencia el Gobierno está acelerando, con el fin de orientar estas normas «a la viabilidad de las empresas mediante la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas».
La vicepresidenta tercera del Gobierno ha reconocido una «clara ralentización de la actividad» en este inicio del año, «consecuencia de las restricciones», ha dicho, para contener la tercera ola.