Caos en la Inspección de Trabajo un mes después del ciberataque
El Ministerio defiende que las denuncias se siguen atendiendo y se encomienda a informáticos
«Seguimos sin ‘mail’, sin ordenador, sin poder preparar las visitas porque no tenemos acceso a las bases de datos a partir de las que elaboramos nuestro trabajo; estamos desesperados y esto, al final, solo perjudica al ciudadano». El desconcierto entre los empleados públicos de la Inspección de Trabajo es total.
La unidad del Ministerio que encabeza Yolanda Díaz sufrió hace 23 días un ciberataque que ha dejado prácticamente sin recursos a los inspectores, que siguen atendiendo las demandas y peticiones «a papel y boli», con el consiguiente retraso en la tramitación de los casos.
El del pasado 9 de junio fue el segundo ‘hackeo’ en apenas tres meses en el Ministerio, después del que afectó al servicio informático del Sepe y que generó serios problemas para el pago en el plazo previsto de paro, erte y pensiones.
La situación ha puesto sobre la mesa la debilidad de la institución en ciberseguridad. Y también la escasa capacidad para solucionarlo de forma rápida y con medios propios (el Ministerio acaba de adjudicar a Fujitsu un contrato de más de 400.000 euros para ayudar en la resolución del problema).
Frente a las críticas, desde el Ministerio piden algo de paciencia a los empleados y confían en el pronto restablecimiento de las aplicaciones que aún no funcionan. Aseguran que las denuncias y expedientes se están tramitando, aunque reconocen que «de forma más laboriosa».
Fuentes conocedoras de la situación insisten, no obstante, en que todo lo que se está tramitando ahora es anterior a cualquier petición que haya entrado desde el 9 de junio. «Hacemos las inspecciones a ciegas, sin saber qué nos vamos a encontrar, cuántos empleados tienen, con qué tipo de contratos, si es una empresa con deudas a la Seguridad Social...», denuncia otro funcionario del Ministerio.
Uno de los principales problemas es que no hay acceso a la plataforma Integra, a través de la que se gestiona todo el trabajo de la Inspección, con lo que las peticiones de actuación que han entrado desde el ciberataque están completamente bloqueadas, salvo las que reclaman desde los juzgados o todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, que las autoridades laborales comunican directamente a través del registro.