Diario de León

«El consumidor no puede ser el que pague más mientras la eléctrica eleva beneficios»

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. JUAN CARLOS HIDALGO

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. JUAN CARLOS HIDALGO

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Esta primera semana de junio de 2021 se ha convertido en una de las más complejas para los hogares y empresas a cuenta de los nuevos tramos horarios de luz. La titular del Gobierno responsable de las competencias energéticas, Teresa Ribera (Madrid, 1969), ha insistido en que no hace falta levantarse a las dos de la madrugada para ahorrar. Pero el nuevo recibo ha llegado justo cuando los precios eléctricos se sitúan en las cotas casi más altas de todo el año.

A pesar de los chascarrillos con la lavadora a las cinco de la madrugada, la vicepresidenta tiene claro que los nuevos tramos servirán para ahorrar si los hogares modifican algunos hábitos. Pero al mismo tiempo pone la lupa en las compañías del sector sobre las que, considera, debe recaer un peso en esta transición hacia el modelo energético plagado de renovables. Por eso defiende la reducción de los ingresos que perciben las propietarias de nucleares e hidroeléctricas aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. Sus beneficios «no pueden crecer a costa» del consumidor que está pagando más.

—Los ciudadanos llevan una semana desconcertados entre los horarios y un precio de la luz que no ha parado de subir.

—Se trata de que paguen menos si prestan atención a las horas que consumen. Podemos hacer pequeños movimientos que nos permitan ahorros. Hay una pequeña parte que no tiene especial dificultad, como acordarse de qué horas son las más asequibles, y eso tiene rendimientos positivos en la factura. Además, mi recomendación es prestar atención a las ofertas que puedan llegarles estos días de las compañías, porque lo habitual es que estas tarifas libres cuesten más que la regulada, aunque estas puedan ser más volátiles en el día a día. No debemos llevarnos por la ansiedad de estos cambios sin entender lo que estamos haciendo. Cada cual que contrate la tarifa que quiera, pero que se entere bien y asuma lo que le están ofreciendo.

—Al final, deja la responsabilidad en manos del ciudadano.

—Hay una parte que quieren ser consumidores responsables. Y otros asumen que tenemos que ir moviendo nuestro sistema hacia otro más eficiente. Había horas en las que la red estaba más colapsada y otras más vacías. Por eso, tenemos que tener dimensionadas las redes para los momentos pico. Si todos mantuviéramos nuestros horarios, habría que dimensionar más la red, con muchas más infraestructuras.

—Pero las familias no pueden cambiar todas sus costumbres...

—Si hacen pequeños movimientos y aprovechan la digitalización, como con un programador, podemos contribuir a reducir la factura en su conjunto para la sociedad y para cada uno de nosotros. Hasta ahora teníamos una tarifa en la que se pagaba todo lo que hiciera falta sin discriminar el consumo. Hoy proponemos que si se hace un uso más inteligente hay un plus, porque eso se verá reflejado en la factura.

—Con estos tramos, ¿España es un conejillo de indias frente a lo que hará el resto de Europa?

—Hace mucho tiempo que de lo que se habla es de gestionar la demanda para que vaya acorde con la oferta que se puede hacer al menor coste posible. Con los tres colores de horarios nos resulta sencillo saber que antes de desayunar o después de comer o cuando me voy a dormir o el fin de semana, es todo más barato.

—Para rizar el rizo, el nuevo recibo llega con los costes energéticos en máximos. Parece que el Gobierno solo actúa cuando el recibo se dispara.

—Eso no es correcto. Hemos trabajado para producir el cambio estructural, como con la transición justa para cerrar el carbón; las subastas para incorporar renovables;la eliminación del impuesto al sol. Ya finales del año pasado dimos el primer paso para crear el Fondo de Sostenibilidad, para que todas las formas de energía contribuyan a la financiación de los costes históricos que tuvo el despliegue de renovables, haciendo partícipes al gas y al petróleo en esos cargos.

—¿A qué responde el recorte de 1.000 millones a las hidroeléctricas y nucleares?

—Hemos vivido un tiempo en el que gracias a la entrada de renovables y al autoconsumo y a la caída de la demanda del año pasado, hay una horquilla de precios razonables, desde junio de 2018 hasta enero de este año. Ahora vamos viendo que las señales de precios, que no podemos controlar porque son costes internacionales como el del CO2 o el gas natural, elevan el coste.

Nos preocupa que esto se acabe consolidando a costa de los consumidores en beneficio íntegro de los titulares de esas plantas, no solo ya muy amortizadas, sino que nunca jamás tuvieron que considerar que pudiera llegar a haber un precio del CO2 del que se beneficiarían en sus cuentas de resultados.

—Esas empresas, y los inversores, ven con recelo el cambio.

—Hemos planteado la solución más parecida a la respaldada por la Justicia europea para asegurarnos de que no hay distorsión en el mercado europeo y en el energético, para que parte de ese dividendo redunde en los consumidores y no solo en la cuenta de resultados de esas empresas.

—¿Acabará beneficiando esa medida al consumidor final?

—Esta medida provocará una reducción automática en la factura de todos los consumidores. Porque inmediatamente después de que se apruebe, provocará que se revise la estructura de cargos en beneficio de los consumidores, salvo un 10% que irá para los vulnerables con el bono social.

Del mismo modo que hemos entendido que una parte de la transición energética tiene que ser justa con los trabajadores, hay otra que debe ser justa con los ciudadanos. Los consumidores no pueden ser los ‘paganini’ en una transición que es muy beneficiosa al final, pero que ahora puede generar distorsiones regresivas, con grandes beneficios para las compañías con un incremento notable a costa de un consumidor como puede ser el doméstico o el industrial.

—¿Se ha roto la buena relación entre compañías y Gobierno?

—Un responsable ministerial tiene que escuchar y tener buena relación con todos los actores. Y por lo que debe velar es por el interés público. Mi relación es muy correcta y positiva. Las eléctricas, todas, saben que el volumen de electricidad que vamos a requerir va a ir en aumento en los próximos años. Y su negocio también. Y saben que eso no puede ser a costa de los consumidores. Es lógico que traten de maximizar sus beneficios. Pero también confío en que si las cuentas y dividendos en sus planes estratégicos ya eran suficientes y buenas hace un año y medio, en este escenario también lo siguen siendo a pesar de esta medida.

—Las nucleares ya han anunciado que podrían acelerar su cierre porque no son rentables.

—Esto es una primera reacción airada. Porque cuando el CO2 estaba a 20 euros por tonelada, y el mercado a 50 euros/mwh, las cuentas les salían al acordar el calendario de cierres. Y eso explica que ahora, con muchos más recursos, esas cuentas les sigan saliendo. En realidad es un ‘yo prefiero seguir ganando más, frente a simplemente ganar’. En cualquier caso, es muy legítimo que hagan alegaciones.

—¿Es partidaria de quitar impuestos a la factura de la luz?

—Hay un debate legítimo sobre cuál es la carga fiscal de la electricidad. Pero hay otra cuestión tramposa: no se puede decir que para conseguir que baje la factura, se reduzca la parte que es redistributiva, como son los impuestos, mientras yo sigo manteniendo íntegros mis beneficios como empresa. De hecho, la Comisión Europea también tiene previsto revisar la directiva de productos energéticos que viene del año 1996. Esto, en cualquier caso, forma parte del debate de fondo que se está produciendo en paralelo en Hacienda con todo el sistema fiscal. No somos particularmente partidarios de suspender o reducir de forma parcheada los impuestos, sino que queremos hacer un ejercicio de conjunto.

—¿Cuándo se va a reformar el bono social para que sea mucho más efectivo?

—Lo que hemos hecho ha sido mantener todo lo que había incrementando las personas que tenían esos beneficios. Pero es verdad que nuestra impresión es que los casos más dramáticos no afloran. Hay muy pocas solicitudes de familias en riesgo de exclusión porque sus preocupaciones, las de esas familias, están en otros sitios.

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