El Corte Inglés se transforma para ganar el comercio post-pandemia

Hubo un largo periodo de tiempo en el que las capitales o grandes localidades que no tenían un centro de El Corte Inglés perdían atractivo comercial, empresarial, económico, laboral... e incluso político. La marca del triángulo verde forma ya parte de la dermis española desde hace décadas. Sus casi 100 establecimientos, sus 90.000 trabajadores o su facturación de 15.000 millones antes de la pandemia lo han sido todo. La disponibilidad comercial -un surtido con hasta la última referencia posible en cualquier departamento-, la política de garantías -el pionero «si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero»- o la permeabilidad en todas las comunidades —y Portugal— permitieron avanzar el negocio de los grandes almacenes. Un grupo que consiguió superar la anterior crisis económica, pero una compañía que, en esta pandemia, se ha visto obligada a pisar el acelerador de su propia transformación comercial.

El grupo, presidido por Marta Alvarez —una de las hijas del histórico Isidoro Alvarez—, afronta un cambio que viene condicionado por el comercio ‘on line’. Ese es el principal reto al que se enfrenta El Corte Inglés, el de maximizar sus servicios a través de la Red. Porque en los últimos años previos al coronavirus, la competencia era ya feroz. Las grandes plataformas digitales (Amazon es su principal consigna) han conseguido adentrarse en la casa de los consumidores tanto como los grandes almacenes lo hacían en el centro urbano y los puntos neurálgicos de las ciudades.

Esa es la realidad en la que vive la compañía, tal y como recordaba Marta Alvarez en su último informe no financiero del grupo. La pandemia «ha puesto a prueba la capacidad de supervivencia» de la compañía. Aunque, al mismo tiempo, se están primando los perfiles digitales. En este cambio de piel, la empresa se encuentra inmersa en medio del primer gran Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de su historia.

33 días por año trabajado

Los empleados que se adhieran al plan recibirán una indemnización de 33 días por año trabajado (el mismo límite que establece la ley para despidos improcedentes) hasta un máximo de 24 mensualidades, más una prima que se fija en función de la antigüedad.

El ajuste podría afectar a un máximo de 3.292 empleados con carácter voluntario. Los que lleven más de 15 años en la empresa percibirán un pago equivalente al 20% del salario bruto; quienes cuenten con una antigüedad de entre 10 y 15 años recibirán un pago del 10% del salario bruto anual, y a aquellos que lleven en la empresa entre 5 y 10 años, se les abonará un pago del 5% del salario bruto.

Ha reducido también el número de afectados en un 15% en caso de que el total de bajas establecido no se cubra con voluntarios. Esto supondría reducir el proceso de extinción en unas 500 personas. Y se excluyen a los mayores de 50 años al ser el colectivo que lo tendría más difícil para encontrar otro trabajo a partir de esa edad. Con todas estas condiciones, el proceso está abierto hasta el próximo viernes. Hasta mediados de la semana pasada se habían adherido un 54% de lo previsto. Aunque fuentes sindicales apuntan que en la última parte de la semana habría llegado un gran volumen de solicitudes para cubrir el 100%.