El decreto de teletrabajo: flexible, adaptado y con medios de la Junta

Flexibilidad para que todos los trabajadores públicos puedan acceder a él, adaptado de forma individualizada a cada profesional y con medios aportados por la Administración autonómica, así es el nuevo decreto de teletrabajo presentado ayer por la Junta de Castilla y León.

Este nuevo decreto, que regulará esta modalidad de trabajo impulsada de forma «exponencial» durante la pandemia, entra ahora en fase de consulta pública para que la sociedad y organizaciones, como los sindicatos, puedan realizar sus aportaciones a la norma, que la Junta espera que esté lista en un plazo de cuatro meses.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, quien ha catalogado de «hito» este nuevo decreto, que supone una «aceleración» de la transformación digital en la Comunidad y en una adaptación del trabajo a las nuevas necesidades laborales y de conciliación.

Como ha reconocido el consejero, la pandemia ha «puesto a prueba» a la administración autonómica, que ha tenido que adaptarse de forma rápida al sistema de teletrabajo, de modo que desde la declaración del estado de alarma, la Junta ha tramitado 1.100 peticiones de teletrabajo, de las que 661 se han incorporado y siguen en estos momentos en esta modalidad, de un total de 85.000 empleados.

Aunque el porcentaje de trabajadores públicos en la modalidad de teletrabajo «ciertamente no es elevado», como ha reconocido Ibáñez, esto se debe a que muchos empleados públicos, como los que desarrollan su labor en puestos esenciales en docencia o sanidad, deben realizar la mayor parte de su trabajo de forma presencial.

Sin embargo, con el nuevo decreto, estos trabajadores esenciales no estarán excluidos de esta modalidad de trabajo a distancia, ya que, si bien la gran parte de su trabajo la deberán realizar de forma presencial, esta circunstancia no impide que puedan desarrollar parte de su labor de forma telemática.

Como ejemplo, Ibáñez ha relatado cómo un docente tendrá que impartir de forma presencial las clases, aunque las otras labores asociadas a su profesiones las podrá desarrollar de forma telemática si así lo solicita y es aprobado.

Entre los requisitos para acceder a esta modalidad se encuentra la de que exista un «equilibrio interno» dentro del servicio para que el teletrabajo no interfiera en el día a día, es decir, que no todos los trabajadores públicos podrán estar acogidos a este sistema dentro de un mismo departamento, aunque sí que se podrán establecer sistemas rotatorios entre los empleados.

De este modo, según ha destacado Ibáñez, el decreto nace con los objetivos de «simplificar y ampliar» los supuestos en los que los trabajadores públicos pueden solicitar esta modalidad de trabajo; con el de aumentar los «puestos teletrabajables» y con el de facilitar el teletrabajo y su seguimiento.

Entre los principios que han guiado esta norma están, según ha citado el consejero, el de «impulsar la modernidad» a través del uso de la tecnología, el de contribuir a la fijación de la población en el medio rural o el principio de la sostenibilidad ambiental al reducir los desplazamientos en vehículos de combustión por motivos de trabajo.

La Junta ha reconocido el «importante esfuerzo» en inversión que tendrá que realizar la Administración autonómica para dotar con el material necesario para desarrollar su labor a todo aquel empleado al que se le conceda la modalidad de trabajo a distancia, aunque aún no han estimado el importe al que podría ascender esa inversión.

Aunque el decreto presentado ayer entre ahora en una fase de debate con las organizaciones sindicales, la Junta ha informado de que el documento elaborado ya incorpora una serie de puntos comunes con los sindicatos, para que se pueda avanzar de manera más rápida en la aprobación de la norma.