El Ejecutivo da luz verde a la liberalización de la estiba pero sin apoyo parlamentario
Los sindicatos le acusan de actuar «a las bravas» y dan casi por segura la huelga.
J. A. B. | Madrid
El conflicto de los estibadores dista mucho de estar solventado y, pese a ello, el Gobierno aprobó ayer el polémico decreto que reformará la actividad de carga y descarga en los puertos aunque no cuenta todavía con respaldo parlamentario suficiente pues solo el PP lo apoyará seguro mientras que desde Podemos han expresado ya su rechazo «más rotundo». PSOE y Ciudadanos, por su parte, abogan por agotar el diálogo pero no han mostrado una negativa tajante al texto.
En esta tesitura el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, argumentó tras la reunión del Consejo de Ministros que ya habían apurado los plazos para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a liberalizar el sector. «Hemos ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea» —que lleva meses insistiendo a España para que adapte su normativa a la directiva comunitaria sobre estiba— para favorecer a los empleados», se justificó De la Serna ante los críticas de los sindicatos. A este respecto el Ejecutivo ha previsto que el Estado (a través de las respectivas autoridades portuarias) sufrague los costes de la subrogación entre empresas concesionarias e incluso de posibles despidos a causa de la reforma (a razón de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades). De hecho, ya hay una estimación de hasta 300 millones de euros para cubrirlas, aunque existen dudas sobre si desde Bruselas podrían llegar a vetarlas luego por estimarlas ayudas públicas prohibidas por afectar al libre mercado.
Críticas
Los sindicatos, sin embargo, entienden que el decreto, que tachan de «norma autoritaria y abusiva», «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores registrados en el sector (los últimos datos oficiales son de 2014). También consideran que «excede con mucho los límites y condiciones» establecidos por la sentencia del TJUE de diciembre de 2014, que en su opinión ha sido utilizada «torticeramente» por Fomento para iniciar una «desregulación salvaje» cuyos «máximos beneficiarios» serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal (ETT).
La reforma gubernamental elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer (y pagar la cuota correspondiente) a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto y que hasta ahora controlan a quienes contratan aquellas.