Las energéticas renegocian al alza sus tarifas en castigo al Gobierno

Las compañías energéticas se están poniendo en contacto con sus grandes clientes (habitualmente empresas) para negociar nuevas condiciones de sus contratos de electricidad ante el «impacto» que, según las firmas, tiene el plan de choque aprobado por el Gobierno a mediados de mes para amortiguar los efectos de la subida de la luz; un decreto que incluía un recorte estimado en 2.600 millones de euros para centrales como las nucleares y las hidroeléctricas, entre otras acciones.

En el caso de Iberdrola, ya ha contactado con grandes clientes con los que tenía fijado un precio de la luz de antemano para un periodo largo de tiempo. La empresa ha explicado a esas firmas en sus misivas que el nuevo coste regulado aprobado por el Ejecutivo «representará más de 70 euros por megavatio/hora». Y que, a su juicio, «considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato» con ese cliente, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones».

Aunque las condiciones pactadas del mercado libre suelen establecerse a medio plazo, las energéticas están instando a negociar sus contratos ante el recorte del Ejecutivo. En el caso de Endesa, donde admiten que no pueden romperlos de forma unilateral, explican que están «renegociando con todos los afectados», apuntan fuentes de la empresa. En cualquier caso, Iberdrola aclara que su voluntad es la del «mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico». Y emplaza al cliente a «negociar las condiciones que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas» del plan.

Desde el Ejecutivo no han tardado en criticar estas políticas comerciales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ve justificada la revisión de tarifas. De hecho, ayer reconocía en el Congreso su «preocupación» por «las cartas que han enviado algunas eléctricas», acerca de la revisión al alza de su factura energética, «e incluso a sus trabajadores», dando a entender que las empresas habían avanzado posibles consecuencias en términos de empleo o condiciones laborales.

Llegó a apuntar que «es probable que la revisión de tarifa la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas».

Por otra parte, Iberdrola también ha enviado misivas a los proveedores con los que trabaja habitualmente para comunicarles su decisión de «paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España», hasta haber llevado a cabo una «evaluación en detalle de la viabilidad económica» de dichos proyectos. En este caso, quedarían excluidos los proyectos que ya tengan reconocido un marco retributivo específico.

En su última actualización del plan estratégico hasta 2025, Iberdrola había previsto invertir 14.300 millones de euros en ese periodo, un 21% del total del grupo. Representaba un incremento dle 60% frente al plan anterior. De esa cuantía, más de 7.000 millones se dirigirían a renovables y otros 4.500 millones a redes.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recordó en la última junta de accionistas, celebrada el pasado mes de junio, que «desde comienzos de 2020, hemos realizado pedidos a nuestros proveedores por 18.000 millones de euros, gracias a los que se han podido preservar 400.000 puestos de trabajo en nuestra cadena de valor; 85.000 de ellos en España».