España pierde cada año 91.600 millones de euros por el elevado fraude fiscal

Las arcas públicas pierden cada año 91.600 millones de euros por la economía sumergida, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), que reclamaron este viernes ampliar los plazos de prescripción tributaria como medida adicional para combatir el fraude fiscal.

Esta es una cantidad muy considerable, que supera incluso a los 72.000 millones de ayudas directas que España recibirá de la UE para hacer frente a la crisis del coronavirus. Todos estos recursos perdidos en al economía sumergida se dividen en 60.600 millones de impuestos evadidos y 31.000 millones de cuotas a la Seguridad Social impagadas, según el comunicado de Gestha.

Por ello, la asociación plantea elevar el plazo de prescripción de estos delitos, que actualmente es de cuatro años, hasta los cinco años con carácter general y los diez en caso de delitos agravados contra la Hacienda pública, para que la administración tributaria pueda investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía. También proponen extender a todos los casos la rebaja de los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros que la ley de lucha contra el fraude regula para los abonos entre profesionales y empresarios para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales realizan a las pymes. De esta forma, los técnicos de Hacienda podrían centrarse en la investigación de los fraudes más sofisticados de las multinacionales y grandes fortunas. Gestha pide también que el Gobierno presente una modificación del Código Penal para unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los presupuestos generales de la Unión Europea, situándolos en fraudes superiores a 50.000 euros, o 120.000 euros en los delitos agravados.