España se prepara para que hasta enero no lleguen los 10.000 M€
Economía minimiza el retraso en la ayuda europea ligada a la reforma laboral en marcha
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, en el Congreso. KIKO HUESCA
«No es un problema financiero ni supone ningún tipo de imprevisto. Es más bien un tema de cuándo entran los ingresos, de cómo se contabilizan en caja y contabilidad nacional. No tiene más que eso». Así rebajan fuentes del Ministerio de Economía el eventual impacto que tendría para España que ese cheque de 10.000 millones de euros en ayudas europeas que se espera para este último trimestre del año no llegue, como pronto, hasta enero.
La cuantía se refiere al primer tramo formal de la cobertura del plan de recuperación. Y se incorporó a la cuenta de ingresos de los presupuestos de 2021 como también los 9.000 millones que el país cobró en forma de anticipo el pasado verano.
El dinero que se espera está directamente relacionado con 52 objetivos de 2020 y el primer semestre del 2021, «por tanto ya cumplidos», aseguran las mismas fuentes. Así que Madrid no arroja la toalla y sigue confiando en la posibilidad de que el desembolso llegue en plazo.
La cuestión es que para ello antes es necesario que España y el Ejecutivo comunitario firmen lo que se identifica como ‘acuerdo operativo’. Un documento técnico que entra en detalles sobre todo lo incluido en el plan de recuperación, con un calendario más pormenorizado de reformas e inversiones y otros elementos «operativos» como, por ejemplo, que las reuniones de seguimiento se realicen trimestralmente.
Este pacto es el que «da inicio al proceso de formalización del primer desembolso». Y sobre el papel tiene alcance de largo rango al estar vinculado con otras reformas de calado que ha comprometido el país. Y la más inminente, la reforma laboral —en una negociación hoy cuesta arriba— requiere una aprobación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos que debería tener reflejo formal en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre.
En el nuevo documento no se esperan modificaciones sobre los compromisos ya adquiridos y, de hecho, el Gobierno insiste en que se formalizará y hará público «en los próximos días». El siguiente paso será su ratificación, tanto por la propia Comisión Europea como por el Consejo.
La presentación de la solicitud lleva ya dos meses de retraso. Porque la vicepresidenta Nadia Calviño había anunciado su intención de que se tramitase en septiembre u octubre. En todo caso, el Ejecutivo hace hincapié en que está «liderando» este proceso. Porque, salvo sorpresas, será el primer país que redacte ese ‘acuerdo operativo’, que tendrá un formato estandarizado para los Veintisiete y que tiene el sentido de verificar escrupulosamente el cumplimiento de hitos y objetivos.
La propia Comisión Europea cuenta con ello. Su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, hizo referencia a ese ‘calendario’ la semana pasada asegurando que «esperamos que España presente la primera solicitud de pago en noviembre. Francia y Grecia lo harían en diciembre».
Ese efecto ‘pionero’ es el que, según Economía, estaría contribuyendo al retraso y, en consecuencia, a prepararse para todos los escenarios posibles. Incluido el que los 10.000 millones no se transfieran dentro del año. «El proceso conlleva unos tiempos que son difíciles de prever» pero «estamos poniendo todos los esfuerzos para que el desembolso llegue este trimestre», se subraya.