El Estado aprueba inyectar 6.000 millones al sistema de pensiones

Si la Seguridad Social lleva años en números rojos, concretamente desde 2011, debido a que el gasto en pensiones es ya muy superior a los ingresos que genera por las cotizaciones sociales, en 2020 este déficit se va a disparar por encima de los 45.000 millones de euros debido a los efectos que la pandemia está teniendo en el mercado laboral. La recaudación por las cuotas que pagan trabajadores y empresas se ha desplomado un 4% en lo que va de año debido al aumento del desempleo, a la caída de la contratación y a que ha llegado a haber 3,4 millones de ocupados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, por lo que el sistema deja de ingresar de las mayor parte de las cotizaciones de estos trabajadores.

Por eso, el Gobierno decidió salir al rescate de la Seguridad Social, que ahora además tiene que hacer frente al gasto extra que supone haber puesto en marcha el Ingreso Mínimos Vital, inyectándole nuevos recursos para equilibrar el impacto en sus cuentas de la Covid-19 y le concedió un nuevo crédito. Concretamente, el Estado le transferirá 6.000 millones de euros a esta Administración y otros 2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para que puedan hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los Erte y de otras ayudas puestas en marcha, como la de las empleadas de hogar o la de los temporales que se quedaron sin trabajo durante el estado de alarma. Así lo anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que resaltó que con estas medidas se garantiza la protección a colectivos especialmente vulnerables.

Este nuevo crédito extraordinario al sistema de pensiones se suma al que ya se concedió el pasado mes de mayo por un importe de 14.002,59 millones de euros, con el objetivo también de atender las medidas excepcionales puestas en marcha en esta pandemia.

Sin embargo, la ministra portavoz aseguró que estos créditos son» transferencias, no préstamos», como así ha sucedido en anteriores ocasiones. El Gobierno pretende cumplir así con las recomendaciones acordadas por el Pacto de Toledo «con el objeto de no incrementar e ir reduciendo ese déficit histórico que tiene la Seguridad Social y trasladar una plena garantía de que por supuesto el sistema de pensiones es sostenible, no solo en el corto sino en el medio plazo», precisó Montero. En concreto, entre sus 21 recomendaciones esta comisión da de un plazo al Ejecutivo de tres años para terminar con el déficit y le insta a eliminar todos los gastos que no sean prestaciones contributivas, así como a poner fin a esta política de préstamos.

Casi 75.000 millones de deuda Estos créditos del Estado a la Seguridad Social que en los últimos años se han hecho imprescindibles para poder pagar las pensiones ha disparado el nivel de deuda de esta administración, hasta el punto de que asciende ya a 74.855 millones de euros, aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto (PIB), con los últimos datos proporcionados por el Banco de España relativos a septiembre. Y con estas nuevas transferencias la deuda seguirá aumentando, hasta que se lleve a cabo la ansiada reforma de las pensiones.