El Estado asume ya en 2021 dos tercios del déficit de las pensiones

La reforma de las pensiones ya está en marcha. Los Presupuestos de 2021 incorporan ya algunas de las medidas que recomienda hacer el Pacto de Toledo en el documento que ayer se aprobó en esta comisión por amplia mayoría. El Gobierno ni siquiera ha esperado a recibir el aval del Congreso —algo que se espera lograr en el mes de noviembre— para iniciar una reforma que ya lleva varios años de retraso.

«Hay ya algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo a las que hemos dado respuesta en los Presupuestos del Estado», explicó este miércoles durante una entrevista en la radio el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Una de las recomendaciones que ya se iniciará en el próximo año es precisamente la más importante de cara a lograr la sostenibilidad: la de «culminar el proceso de separación de fuentes y reequilibrio financiero del sistema», tal y como se emplaza en el texto. Es decir, liberar a la Seguridad Social de todos los gastos que no sean contributivos y lograr así terminar con el déficit que arrastra desde hace ocho años.

Aunque el Pacto de Toledo da al Gobierno un plazo de tres años, hasta 2023, para «acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema», el Estado asume ya en 2021 dos tercios del agujero que tiene el sistema al pagar vía presupuestos 12.000 millones de euros de gastos que no tienen que estar financiados con cargo a cotizaciones sociales.

Así lo anunció Escrivá, tomando como referencia el déficit de 17.500 millones que registró en 2019, ya que este año se dispará de forma coyuntural hasta el récord del 4,1% del PIB, por encima de los 45.000 millones, a consecuencia de la pandemia e incluso en 2021 se mantendrá en el 3% del PIB. Las prestaciones de maternidad, por ejemplo, son una de esas partidas que el próximo año dejan de correr a cargo de la pensiones.

Para los dos últimos años de legislatura quedaría por sacar otro tercio de ese déficit, pero hay margen suficiente ya que aún habría más de 10.000 millones de gastos impropios por liberar, puesto que recientemente un informe realizado por el ministerio cifró en cerca de 23.000 millones de euros los que dejaría de pagar la Seguridad Social por gastos que no le corresponden.

«El Pacto de Toledo nos está pidiendo que limpiemos la contabilidad y que estos gastos los asuma plenamente la Administración central para que se vea una foto genuina, que es un sistema más de equilibrio», precisó el ministro.

Planes de pensiones asequibles

Escrivá además explicó que en los PGE se da respuesta a otras de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la de incentivar el ahorro para la jubilación, ya que también se incluye «el decantamiento de la fiscalidad de los planes de pensiones individuales a colectivos». Precisó que se ha habilitado al Estado a crear un fondo esponsorizado para generar competencia en los planes de pensiones de empresa colectivos y para que todas las empresas que no puedan ir a través de un plan de empresa, como autónomos o pymes, tengan una «alternativa con comisiones muy asequibles».

Así, en estos presupuestos se recorta la desgravación de los planes de pensiones de ahorro individuales de los 8.000 euros actuales a un máximo de 2.000 euros al año y, por el contrario, se amplía la bonificación de los planes de empresa hasta los 10.000 euros anuales, 2.000 euros más que ahora.

Sostenibilidad hasta 2025

Por otro lado, tal y como le insta también el Pacto de Toledo, que le pone incluso un plazo de tres meses para llevarlo a cabo, Escrivá avanzó que el Gobierno hará una norma que será lo «suficientemente precisa» para resolver las «inequidades» que se dan en las jubilaciones anticipadas de los trabajadores con largas carreras de cotización. Pretende así eliminar —o al menos recortar— los coeficientes reductores para las personas que cuentan con 40 años cotizados y más y que en muchos casos se han viso obligados a jubilarse antes de la edad legal al ser despedidos por sus empresas. Éste es el caso de más de medio millón de jubilados, que tienen un recorte de hasta el 40% de sus pensiones por este motivo, algo que el Pacto de Toledo pide corregir.