Diario de León

El Estado entra en la carrera mundial por influir con sus propias empresas

Sigue la estela de otras potencias para condicionar las decisiones de firmas estratégicas

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Cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recordaba en un ‘tweet’ el artículo 128 de la Constitución («Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general»?) encendió todas las alarmas en el Ibex-35. Se refería a la posibilidad de que el Estado tomase posiciones en empresas privadas. Aunque lo hizo para referirse a una intervención mucho más severa y con muchos menos matices de lo que ahora, casi dos meses después de aquel mensaje, efectivamente hará. El coronavirus ha trastocado también los grandes principios económicos del mercado. Y las potencias, incluida España, ahora deshacen parte del camino recorrido entre los años 80 y 90 con las privatizaciones. Aunque sea de forma puntual. El Fondo de rescate activado por el Gobierno con 10.000 millones de euros no servirá tanto para intervenir la economía de mercado, sino para salvar a compañías estratégicas en apuros. ‘Estratégicas’ porque España se ha percatado de lo que otras economías llevan meses haciendo con algunos de sus iconos empresariales. La participación pública en el accionariado de empresas privadas se ha acelerado con esta crisis. «Ante un descalabro, la Unión Europea ha pedido que los países fortalezcan sus mecanismos de inversiones para no perder sus activos estratégicos», recuerda Angel Saz, profesor del departamento de dirección general y estrategia de Esade. El último paso lo ha dado esta semana la Comisión al autorizar a Alemania el fondo para que ayude a sus empresas.

La línea habilitada por España, con 10.000 millones, supone «un paso más en el reequilibrio entre Estado-mercado», apunta el profesor Saz. Esos contrapesos son los que siguen confluyendo en el seno del Ejecutivo. De un lado, los ministros de Unidas Podemos, con llamadas recurrentemente esporádicas a la nacionalización de determinados sectores. De otro lado, los del PSOE, más pragmáticos y cuyo peso se ha dejado notar en la gestación del fondo de rescate público.

Herramienta para influir

Esta iniciativa «no debe interpretarse como una nacionalización», explica Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE. «El objetivo no es una toma de control con ánimo de permanencia, sino mantener la solvencia aportando capital y salir una vez se refloten las empresas», aclara.

Esta carrera de participación pública no es nueva. Episodios como la presidencia de EE UU de manos de Donald Trump, con medidas proteccionistas; la estrategia de China para participar en el mercado con su capitalismo estatal; o la salida de Reino Unido de la UE son circunstancias bajo las que los Estados han puesto su granito de dinero en el sector privado. «Ahora la crisis ha venido a cristalizar algo que ya estaba pasando antes», según Saz. En la retina se encuentran las intervenciones de Francia o Alemania en su industria automovilística. E incluso el rescate dirigido por Barack Obama en Estados Unidos a las factorías de coches de Detroit, antaño uno de los símbolos del motor norteamericano.

Lo que a partir de ahora realice España será una selección de las empresas con problemas y a las que hay que salvar casi por imperativo legal. Si en la anterior crisis ese rescate fue dirigido a parte de la banca (aún ostenta un 60% de Bankia), ahora todas las miradas se centran en las aerolíneas. Iberia, a través del conglomerado IAG (donde también participa British Airways y, por tanto, Reino Unido) puede convertirse en una de las primeras corporaciones en ser auxiliada con fondos públicos. Aéreas, defensa y coches Las compañías aéreas son estratégicas en cuanto a que «conectan un país con el resto del mundo», explica Angel Saz. «Y ése es un valor muy preciado», apunta. Recuerda este experto que muchas de las conexiones aéreas no las marca el mercado, sino los acuerdos bilaterales entre España y otros países. De ahí la necesidad de sustentar ese sector.

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