El Estado inyecta dinero a la gran industria para bajar gasto eléctrico

Las empresas que gestionan las grandes fábricas podrán ver rebajados sus costes energéticos con el nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una normativa que habilita al Estado la posibilidad de bonificar una buena parte de sus facturas eléctricas.

Los planes conjuntos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico establecen una inyección de dinero público que, como mínimo, ascenderá a los 260 millones de euros por año para aliviar los cargos que soportan estas compañías, repartidos entre varias actuaciones.

Se trata de «establecer un terreno de juego equiparable con los competidores europeos», según fuentes del Gobierno donde insisten en generar «un marco estable, riguroso y homologable» con respecto al resto de competidores continentales.

Para ello, el Real Decreto que desarrollará este Estatuto incluye tres tipos de apoyo económicos. Por una parte, la compensación por los costes indirectos de emitir dióxido de carbono (CO2), una medida que ya estaba en vigor y que, hasta ahora, suponía un gasto para el Estado de 172 millones de euros. «Esperamos que a partir de ahora la dotación sea superior, con un dato que será muy positivo», apuntan desde el Ejecutivo.

El importe definitivo solo llegará cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2020, ya que se trata de incentivos que se sufragan vía cuentas públicas. Y, en cualquier caso, se unirá al procedente de otra de las medidas dispuestas en el Estatuto: la compensación de los cargos destinados a financiar las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios insulares.

El erario público bonificará un 85% de ese concepto de las facturas de las grandes industrias. Es decir, solo tendrán que pagar un 15% de esos cargos, que son parte de los costes fijos, tal y como tienen los pequeños consumidores en sus recibos. Este mecanismo, que según fuentes gubernamentales ha sido aceptado por la Comisión Europea, ascenderá a unos 90 millones de euros para este año..

La tercera vía de ayuda al sector será la creación de un fondo de garantías y avales emitidos a través de la organización Cesce (Agencia de Crédito a la Esportación española, organismo que gestiona el seguro de crédito e inversiones por cuenta del Estad). A través de esta vía, el Gobierno pretende asegurar contratos de suministro de electricidad a plazo con proyecto de generación de renorables (los denominados PPAs).

Fuentes del Ejecutivo indican que el importe de estas garantías podría superar los 500 millones de euros.