El futuro de la plusvalía municipal, en manos del TC y los políticos

j. a. bravo | madrid

Dos años y medio después de que el Tribunal Constitucional (TC) diera un primer golpe importante a la presión fiscal que los ayuntamientos ejercen sobre el sector inmobiliario, al dejar exentos del pago de la plusvalía municipal a quienes han vendido un inmueble con pérdidas, la tributación de estas operaciones sigue sin ser pacífica y el impuesto en cuestión continúa sin reformarse. Y probablemente ya no lo haga antes de que el órgano máximo intérprete de la Carta Magna vuelva a pronunciarse al respecto.

Cual boomerang, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) ha vuelto a la mesa del TC a través de sendas cuestiones de inconstitucionalidad. La primera fue elevada en marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid; la segunda, a mediados de julio, por el Tribunal Supremo. En los dos casos la situación de partida es la misma: la liquidación del citado gravamen superaba con creces la ganancia obtenida en la operación.

Pero, ¿es justo y, sobre todo, respeta los principios de la Carta Magna? Eso es lo que los estamentos judiciales quieren que resuelva el Constitucional, que ya en febrero de 2017 determinó que si el vendedor puede demostrar que el precio de venta de la vivienda u otra clase de inmueble ha sido inferior al de la compra no tendría que pagar el impuesto.

El motivo es porque no existiría plusvalía, sino una minusvalía real fruto del controvertido sistema de cálculo que fija la Ley de Haciendas Locales para el IIVTNU, y que no toma en cuenta circunstancias de tipo objetivo.

El Supremo sigue al TC

Ya en julio de 2018 el Supremo aplicó por vez primera el nuevo criterio del TC para modificar su jurisprudencia, al concluir que si no se produce una plusvalía «real» y «efectiva» no hay objeto para pagar el impuesto, pues de lo contrario se vulneraría el principio constitucional de capacidad económica. E insistía en que la carga de la prueba recaía en el contribuyente, aunque a priori con las escrituras podría servirle.

Pero la polémica fórmula de cálculo de esa figura fiscal, la plusvalía municipal, ha generado nuevos conflictos al persistir varias lagunas legales que están siendo interpretadas de forma distinta por los juzgados y los propios ayuntamientos, e incluso de forma contradictoria dentro de ellos. ¿Qué pasa si hay ganancia, pero resulta claramente inferior a la liquidación tributaria que se ha de pagar? Pues a tenor de la normativa aún vigente nada, pues solo considera el valor catastral del suelo y el período de tenencia del inmueble. Pero a la luz de lo que resolvió el Constitucional hace 30 meses, y lo interpretado por el alto tribunal, se podría estar vulnerando el principio de capacidad económica y progresividad, esto es, la carga fiscal en esos casos no solo anularía el margen patrimonial para el vendedor sino que le perjudicaría incluso de forma importante. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que el Ministerio de Hacienda debería repartir entre ellos entre 950 y 1.000 millones de euros, con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación local. Al igual que ha pasado con las comunidades autónomas, que reclaman casi 4.750 millones, el Gobierno esgrime que al estar en funciones y aún con los Presupuestos de 2018 prorrogados, no puede actualizar esos cálculos, que a priori reflejarían un aumento en la dotación prevista.