El Gobierno apuesta por subir la cotización para pagar las pensiones
Pagar más inyectará más de 20.000 millones de euros a la ‘hucha’ de estas prestaciones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. J.J. GUILLÉN
La Seguridad Social podría recaudar entre 1.700 y 2.000 millones al año si la propuesta del ministro José Luis Escrivá de subir medio punto las cotizaciones sociales para sufragar las pensiones de los ‘baby boomer’ llegara a buen puerto, según las estimaciones de varios expertos.
1,5 puntos de cuotas sociales equivalen a 5.084 millones, según cálculos del propio Ministerio, lo que significaría que medio punto extra lograría unos ingresos que rozarían los 1.700 millones. Pero la previsión lógica, y así lo maneja el Gobierno, es que en los próximos años las cotizaciones sociales supongan un importe mayor, por lo que parece factible que en 2023 se logren 2.000 millones extra e incluso que esta cantidad se incremente y pueda elevarse a 2.800 millones al cabo de cinco años, según cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
Como el planteamiento de Escrivá es que esta subida de medio punto se aplique a partir de 2023 durante un periodo de diez años y vaya directamente a engordar la conocida como ‘hucha’ de las pensiones, significará que el Fondo de Reserva, que está bajo mínimos con apenas 2.138 millones, se llenará a lo largo de esta década con más de 20.000 millones (unos 22.000, según cifra Funcas), que se destinarán a pagar las pensiones de la generación del ‘baby boom’.
Éste es el impacto que la medida tendrá en las arcas de la Seguridad Social. Pero, lógicamente, se nutrirá del coste adicional que supondrá para trabajadores y empresas. En concreto, cada asalariado aportará una media de 9,62 euros al mes a partir de 2023, aunque una parte la soportará él mismo y otra la empresa. Esta cantidad es la que resulta del incremento de 0,5 puntos sobre la base de cotización media del Régimen General, que se sitúa en 1.924 euros, según los últimos datos aportados por el ministerio.
La mayor parte de autónomos —que cotizan por la base mínima— tendrá que destinar 4,72 euros extra al mes para ese fondo de reserva, dinero que en su integridad tendrá que abonar él.
Desde la Seguridad Social sostienen que se trata de una subida «temporal y finalista», por lo que si llegado el caso estas aportaciones no fueran necesarias para sufragar el mayor gasto en pensiones, el Gobierno valoraría que se devuelva lo recaudado mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de prestaciones.
¿Y si no es suficiente? Este sería el primero de los dos componentes que conforman el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que tomará el relevo del derogado factor de sostenibilidad que no llegó nunca a aplicarse.
El segundo instrumento para tratar de equilibrar las cuentas consistirá en realizar a partir de 2032 una revisión cada tres años para evaluar si el gasto en prestaciones sobre el PIB se desvía de la proyección para 2050 que realice la Comisión Europea en su informe ‘Ageing Report’ de 2024. Si la desviación es pequeña, bastará con lo que se haya acumulado en la ‘hucha’ a lo largo de estos diez años, pero si hay una desviación mayor (superior al 2% del PIB), el Gobierno podría decidir aumentar la subida del tipo de cotizaciones hasta un máximo de 0,4 puntos del PIB o incluso pactar otras medidas adicionales con los agentes sociales, según recoge el documento de apenas hoja y media entregado en la mesa del diálogo social el pasado martes.
El propio Escrivá destacó ayer que se trata de un mecanismo «contingente y temporal» e incidió en que «no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento», a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. «Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad», precisó.