El Gobierno destina 2.000 millones a reducir diez puntos el paro juvenil

lucía palacios | madrid

Los jóvenes han sido uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica y, pese a que la tasa de paro ha caído en más de 20 puntos desde el máximo alcanzado en 2013 (57%), la precariedad y la baja remuneración de sus empleos son desgraciadamente el pan de cada día. Además, la presencia de menores de 30 años en el mercado de trabajo es un bien bastante escaso y ha pasado de representar el 23,9% del empleo en el primer trimestre de 2007 al 13,4% en ese mismo periodo de 2018, según datos extraídos de la EPA.

Por eso, tras el Plan Director por un Trabajo Digno puesto en marcha el pasado verano, el segundo gran proyecto es el Plan de Choque por el Empleo Joven, que, después de haberse modificado en más de veinte ocasiones, fue adoptado este miércoles en la Mesa del Diálogo Social donde están representados el Gobierno, los sindicatos y la patronal, y que será aprobado el viernes seguramente en Consejo de Ministros.

A este plan se va a destinar una partida de 2.000 millones de euros en los próximos tres años —periodo en el que estará vigente—, más de la mitad para formar a este colectivo. El principal objetivo que persigue es reducir el alto nivel de desempleo juvenil, concretamente diez puntos en estos tres años, puesto que la tasa de paro de los menores de 25 años todavía se sitúa en el 33,6%, más del doble de la media europea. Para ello, se pondrán en marcha un total de 50 medidas que se articulan en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto, emprendimiento y, por último, mejora del marco institucional.

Pero el reto no es solo encontrar empleo para 168.000 jóvenes que en la actualidad están en paro, sino además -dentro del compromiso del Ejecutivo de mejorar la calidad del empleo- incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas, de forma que en el conjunto de los tres años de vigencia se alcancen los 2,9 millones de contratos fijos. Se pretende además aumentar la tasa de actividad hasta el 73,5% para las personas con edades entre 20 y 29 años, así como reducir en un 20% la actual brecha de género en las cifras de paro registrado, que se situaba en octubre en 45.500 mujeres más. Para tratar de lograr estos objetivos que el Gobierno considera «medidos» y «realistas», la primera medida que contempla el plan es contratar a 3.000 orientadores «debidamente formados», que prestarán una «adecuada atención individualizada» a los jóvenes para que encuentren un puesto de trabajo y realizarán además un seguimiento permanente.