El Gobierno fracasa en el objetivo de recaudación con los nuevos impuestos

La vigorosa recuperación del empleo y la reactivación económica tras los meses más duros de la pandemia permitió al Estado despedir 2021 con una cifra de ingresos récord que también se extenderá a 2022. Sin embargo, la buena marcha de la recaudación esconde un absoluto fracaso en las nuevas figuras tributarias aprobadas el pasado año. Impuestos que el Ministerio de Hacienda ideó con el objetivo de encaminar la fiscalidad española hacia la futura reforma que en febrero recibirá las primeras recomendaciones del comité de expertos.

Además de la subida del IRPF a las rentas altas, el alza del IVA a las bebidas azucaradas o la exención de los dividendos del exterior, el Gobierno estimó en un principio unos ingresos ‘extra’ de más de 1.800 millones de euros con la llegada de nuevos impuestos como la denominada ‘tasa Google’, que grava determinados servicios digitales, y el impuesto a las transacciones financieras. Pero el baño de realidad ha sido mayúsculo. Con los últimos datos actualizados a cierre de noviembre, el Estado apenas ha logrado recaudar 454 millones con estos dos nuevos tributos. Apenas un 25% de esos 1.808 millones esperados en los Presupuestos de 2021.

El propio Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recalcular sus previsiones para estos gravámenes en el nuevo ejercicio, anticipando que apenas se obtendrán 203 millones por el impuesto digital y 372 millones por la denominada ‘tasa Tobin’. Pero vayamos por partes. España lanzó el impuesto del 3% a determinados servicios digitales —como los ingresos de la publicidad online o la intermediación de plataformas como Airbnb— con la intención de recaudar un total de 958 millones. La cifra se quedó finalmente en 166 millones. «No se recauda porque no había experiencia y por la propia forma de liquidación del impuesto», explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha. El mismo Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita del grupo parlamentario Vox en el Congreso, reconoció recientemente esos errores de cálculo justificándose en que, además, «las estimaciones se hicieron antes de la pandemia, lo que repercute en el número de contribuyentes comprendidos en los umbrales del impuesto (750 millones para la cifra de negocios global y tres millones para la prestación de servicios digitales)».

Los expertos recuerdan que «este impuesto nació con la vocación de mandar un mensaje político a nivel europeo para avanzar hacia un acuerdo multinacional, pero al final solo afecta a ciertas actividades». Es decir, no se puede controlar del todo la ingeniería financiera que emplean las grandes tecnológicas para pagar sus impuestos, que era la idea inicial. Para ello, habrá que esperar a la entrada en vigor del nuevo tipo mínimo de Sociedades del 15% acordado en el marco de la OCDE y que afectará a todas las grandes empresas, no solo las tecnológicas. «Para entonces, la ‘tasa Google’ española desaparecerá», recuerdan desde Gestha, por lo que no esperan novedades en este punto en la reforma que se avecina.

Sí lo hacen, sin embargo, con el impuesto a las transacciones financieras, que actualmente grava con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. A cierre de noviembre apenas había recaudado 288 millones frente a los 850 estimados. «En este caso, no se trata de una mala previsión, sino de su coincidencia con el impacto de la pandemia en el mercado», explica Mollinedo. Consecuencias Desde el Ejecutivo también defienden que los cálculos iniciales se hicieron con datos de cierre de 2017. Y desde aquel momento el efectivo negociado en la Bolsa española ha caído más de un 47%.