El Gobierno limitará los becarios según el tamaño de la empresa

El Gobierno ya ha puesto encima de la mesa del diálogo social una propuesta sobre cómo debe ser la nueva norma para regular las prácticas formativas que realizan los estudiantes en empresas y organismos y que establecerá la cotización obligatoria para todos. Lo ha hecho dentro del plazo de seis meses que se había dado en la disposición adicional que se incluyó en la reforma laboral para poner en marcha el nuevo Estatuto del Becario.

Pese a que se trata de un primer borrador, el Ministerio de Trabajo sí ha concretado una de las medidas que pretende poner en marcha: la de limitar el número de becarios que puede haber simultáneamente en una empresa, algo que ahora no acota la ley aunque hay convenios colectivos que sí lo topan. Para ello ha establecido una tabla en función del tamaño de la compañía. Así, los negocios más pequeños, aquellos que empleen a un máximo de diez trabajadores, solo podrán contar con un becario de forma simultánea; aquellos que tengan entre 11 y 30, dos; las empresas con una plantilla de entre 31 a 59 personas, tres, y a partir de 60 empleados, el cupo de becarios no podrá ser superior al 5% de la plantilla, según recoge el borrador del real decreto al que ha tenido acceso este periódico.

El Ejecutivo justifica esta prohibición para conseguir una «adecuada tutorización en el desarrollo de su actividad formativa práctica en la empresa». De hecho, el borrador de real decreto especifica además que «ningún tutor de empresa podrá tener asignadas, de modo simultáneo, más de cinco personas en formación práctica».

Limitar el número de becarios es una de las reivindicaciones que defienden también los sindicatos y, de hecho, CC OO ha presentado ya su propuesta para regular las prácticas no laborales y recoge esta medida, aunque de forma más laxa que el Gobierno. La organización liderada por Unai Sordo amplía a tres el número máximo de becarios en empresas de hasta 20 trabajadores, a cinco en empresas de 21 a 50 trabajadores y en las de más de 50 se deberá negociar con el comité de empresas, sin que nunca pueda superar el 15% de la plantilla. Además, ven necesario realizar algún tipo de excepción para las zonas rurales.

El resto de cuestiones que plantea las deja muy abiertas, pero sí deja clara su intención de poner fin de forma definitiva al trabajo gratuito de estas prácticas, algo que es muy habitual en la actualidad. «En nuestro país no se puede pagar por ser becario y esto pasa», denunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Para ello, obligará a las empresas a pagarles «todos los gastos» que les ocasione a los estudiantes el desarrollo de la actividad laboral, aunque no exigirá que haya necesariamente un salario mínimo.

Concretamente, el Ejecutivo aboga por establecer una «cuantía mínima suficiente» para compensar todos los gastos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra,