Diario de León

El Gobierno sancionará a quienes abusen de la contratación temporal

El ministro Iceta abordará la adaptación de las oposiciones para reducir el número de interinos

El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta. J. J. GUILLÉN

El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta. J. J. GUILLÉN

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El endémico problema de la elevada temporalidad de los trabajadores del sector público en España puede convertirse para el Gobierno en una traba que impida la llegada de los fondos europeos para la recuperación económica. Por eso, en el Ejecutivo ya están preparando cambios en la normativa laboral para acelerar el histórico objetivo de reducir el número de interinos que trabajan sobre todo en la Educación y la Sanidad, aunque de forma generalizada en todo el sector público.

La llamada de atención de Bruselas ha encendido las alertas en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cuya mesa se encuentra la posibilidad de habilitar sanciones para las Administraciones que superen los límites de la temporalidad. Será la próxima semana cuando los responsables de este departamento se reúnan con los principales sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) para retomar la negociación sobre el futuro de los interinos. España tiene una tasa de temporalidad pública cercana al 30%, diez puntos superior a la del sector privado.

Esa realidad se nota sobre todo en los docentes y los sanitarios, cuya situación laboral depende de los gobiernos autonómicos. Una primera idea pasaría por la reforma del Estatuto del Empleado Público para introducir una cláusula que endurezca y sancione a las administraciones que excedan esa temporalidad. Otra posibilidad pasaría por modificar la actual normativa en lo relativo a las pruebas de selección de funcionarios. Esto es, a que en los concurso-oposiciones tenga más peso la fase de méritos para conseguir que esa gran bolsa de hasta un millón de empleados asienten su condición de funcionarios y, por tanto, abandonen la precariedad. Independientemente de las medidas que se tomen, los sindicatos entienden que el Gobierno debe afrontar este problema que ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Más aún tras 2020, ejercicio en el que muchas pruebas de selección quedaron paralizadas por la pandemia. «Queremos que haya un sistema que dote de seguridad jurídica y eficacia para convertir a los temporales e interinos en funcionarios de carrera», explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO. Por su parte, desde la organización CSIF sostiene que esta interinidad tan elevada «la han provocado las administraciones y su solución pasa por la voluntad política de acometer una reforma» que lo resuelva.

Los sindicatos recuerdan que en la última década se han destruido más de 100.000 puestos de trabajo. Y que incluso este año, solo entre los meses de enero y febrero, en plena tercera ola, la sanidad ha prescindido de 11.325 profesionales, según los datos extraídos de la Seguridad Social. El objetivo que habían pactado las organizaciones sindicales incluso con el último Gobierno de Mariano Rajoy pasaba por el objetivo de reducir la tasa de temporalidad pública hasta el 8% del total a través de acciones.

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