Hacienda aumenta el control de quienes fingen vivir fuera de España
La Agencia Tributaria reforzará este año el control de las personas físicas que aparentan no ser residentes en España. Lo hará con «herramientas de análisis masivos de datos», lo que es una novedad en el ámbito de los patrimonios relevantes «deslocalizados».
Así, habrá una línea específica de control sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que «deslocalizan» su residencia, fingiendo que está en el extranjero, cuando Hacienda entiende que realmente residen en España. Ello coincide con la polémica desatada por youtubers como El Rubius que se han trasladado a Andorra con el incentivo de pagar menos impuestos.
Un contribuyente está obligado a cumplir con la Hacienda española cuando pasa más de 183 días viviendo en el país, aunque la Agencia Tributaria analiza otros factores para valorar esa obligación, como la existencia en España de un centro de intereses económicos relevante para el contribuyente, o bien que haya relaciones familiares que permitan inferir la residencia en nuestro país.
Ya en 2020 la agencia estableció de forma sistemática el análisis de residencia sobre un amplio colectivo de contribuyentes que ha facilitado la obtención de los indicios necesarios para poder determinarla en nuestro país para algunos patrimonios relevantes. El resultado de esta investigación se plasmará en el inicio de expedientes de comprobación en 2021. Éstas serán prioridades del Plan Anual de Control Tributario que se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado.
En la fiscalidad internacional, el foco está en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de los paraísos fiscales y que puedan ser estandarizadas para el uso por parte de muchos contribuyentes.
La Agencia Tributaria quiere que las sentencias judiciales que han dado respaldo a la Inspección de Trabajo, en la calificación de empleados por cuenta ajena a quienes se ha contratado en calidad autónomos —como los ‘riders’ o los repartidores—, tengan su traslación en la regularización de las contingencias fiscales en IVA e IRPF que el cambio de calificación implica.