Hacienda busca la llave que desbloquee la entrega de 5.000 millones a las autonomías
j. a. bravo | madrid
Es una de las ‘patatas calientes’ que el Gobierno sigue sin despachar desde las últimas elecciones generales, celebradas el 28 de abril, y existe el riesgo de que siga sin resolverse prácticamente lo que resta de ejercicio. Hablamos de las llamadas entregas a cuenta, el último capítulo polémico relativo al ya de por si controvertido modelo de financiación autonómica, que se da por caducado desde hace dos años -en esto es en lo poco que parecen coincidir casi todos los grupos parlamentarios- pero cuya reforma no ha sido posible afrontar precisamente por la inestabilidad política que el país arrastra desde el verano de 2016, sin una mayoría política clara.
Las alarmas en los distintos Ejecutivos regionales saltaban en plena canícula, cuando a finales de agosto se filtraba a la prensa que la Abogacía del Estado se oponía a que un Ejecutivo en funciones, como está desde hace casi cinco meses el que preside Pedro Sánchez, pudiera revisar ese capítulo que actualiza cada año las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por los impuestos que recaudan de forma conjunta como el IRPF, el IVA y los especiales. Su dictamen no era vinculante, pero el Gobierno no quería arriesgarse a que sirviera de base para un eventual recurso en los tribunales contra dicha liquidación, por lo que decidió dejar en suspenso el traspaso a esos territorios de casi 5.000 millones de euros extra.
Pero, ¿a qué corresponde ese dinero? Pues al referido sistema de anticipos a cuenta, que viene a ser la diferencia entre lo que el Estado (a través del Ministerio de Hacienda) les entrega cada año en previsión de cuál será su nivel de ingresos al término de ese período y lo que realmente les correspondería luego una vez se ha procedido a la liquidación definitiva de todas las entradas presupuestarias, sobre todo a través de impuestos. La Administración Central suele ser conservadora en sus cálculos, de modo que ajusta lo que puede esas entregas y luego les compensa para el curso siguiente. El dinero se transfiere a lo largo de todo el ejercicio; así, al cierre de septiembre las autonomías ya habían recibido casi 72.000 millones, 2.135 millones más que en 2018 pese a que se sigue trabajando con Presupuestos prorrogados. De hecho, la primera objeción que puso el Gobierno a principios de año ante las propias comunidades es que al no contar con unas nuevas cuentas del Estado para 2019 -a mediados de febrero fue rechazado el nuevo proyecto presupuestario, lo que desencadenó la convocatoria de elecciones para primavera- no podrían calcular realmente cuánto dinero le correspondería a cada una. En la práctica, este año las autonomías reciben los mismos fondos que el anterior: 103.000 millones de euros, un 7% más que en 2017.