Hacienda recibirá el superávit de los ayuntamientos para que puedan gastarlo
El Ministerio de Hacienda ha planteado a los ayuntamientos la que considera que es la única alternativa legal posible para que los municipios puedan inyectar dinero procedente del propio superávit generado en los últimos años para la recuperación económica de pueblos y ciudades cumpliendo a la vez con las condiciones que marcan las leyes. El Gobierno ha planteado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la posibilidad de que los consistorios cedan al Estado ese excedente presupuestario del que gozan en forma de crédito; y que después sea Hacienda la que vaya reintegrando ese dinero a los municipios en forma de ingreso para que acometan sus planes para evitar el impacto de la crisis. El problema que tienen los alcaldes de los más de 8.000 municipios de toda España es que jurídicamente no pueden hacer uso de el superávit del que gozan sus cuentas. Lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en plena crisis financiera y de deuda en 2012, para calmar las exigencias de los mercados con España. E incluso lo indica la Carta Magna con el conocido artículo 135, modificado en 2011.
Sin posibilidad práctica de cambiar en estos momentos la Constitución o la propia ley orgánica que define las bases del funcionamiento presupuestario, el departamento dirigido por María Jesús Montero ha diseñado un sistema rotatorio del dinero municipal, que irá al Estado para después regresar al ámbito local. El primer movimiento sería a través de un préstamo de carácter voluntario para que el ayuntamiento ceda esa cuantía al Estado por el importe de sus remanentes. Después, Hacienda irá transfiriendo esas mismas partidas a cada consistorio como un ingreso financiero. De esta forma, se abre la puerta legal a que ese ayuntamiento gaste el dinero sin que incumpla la ley que le impide tirar de su superávit.
Este año y el próximo, los ayuntamientos podrían movilizar 5.000 millones de euros, un 35% de los remanentes que, voluntariamente, las entidades locales entregarían al Ministerio de Hacienda. El resto del préstamo lo devolverían en 10 años.
Con esos primeros 5.000 millones los municipios podrán hacer frente a inversiones que ayuden a mitigar los efectos de la crisis.