Diario de León

Iberia plantea un Erte de 4.000 a 5.000 personas por causas organizativas

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EFE

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La compañía Iberia ha planteado a los sindicatos la negociación de un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (Erte) por causas organizativas y productivas que podría afectar a entre 4.000 y 5.000 de sus trabajadores actuales, ante la posibilidad de que los Erte por fuerza mayor no se prorroguen en el sector aéreo. Fuentes de la compañía han explicado que en torno a un 30% de la plantilla, compuesta por más de 15.000 personas, podría quedar afectada por este expediente de regulación temporal, el mismo porcentaje de caída de la actividad que ha sufrido la aerolínea como consecuencia de las restricciones a los vuelos impuestas para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. Para Iberia, «la creciente incertidumbre sobre si los Erte de fuerza mayor se aplicarán al sector aéreo y en qué condiciones» le ha llevado a iniciar negociaciones con los sindicatos sobre este expediente de regulación por causas organizativas y productivas.

La empresa afirma que las limitaciones impuestas sobre todo en los vuelos con Estados Unidos y Latinoamérica —su mercado más potente— han dejado la capacidad operativa entre un 30% y un 35% por debajo de los niveles que registraban en la prepandemia, en 2019.

pendientes de la prórroga

La negociación con los representantes de los trabajadores se produce en paralelo a las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los Erte por fuerza mayor, en los que las fuentes consultadas consideran que «hay riesgo» de que no se incluya al sector aéreo, pese a que su recuperación no se producirá hasta, al menos, la primavera de 2022.

Actualmente están en expediente de regulación temporal de empleo entre 4.500 y 4.700 trabajadores de la línea aérea Iberia, que trabajan en torno al 70% de su horario, el mismo porcentaje en que se sitúa la actividad de la compañía.

La compañía pretende cerrar la negociación antes de fin de mes, que es cuando vencen los Erte por fuerza mayor acordados por el Gobierno y los agentes sociales.

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