lunes 23/5/22

Nadie duda que la economía está viviendo uno de los periodos más convulsos de subida incesante de precios, como no se veía desde hace cuatro décadas. Pero el dato que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), un alza definitiva del 9,8% en marzo, sigue sin reflejar una buena parte del precio que pagan millones de consumidores por la luz. Y siendo la electricidad el producto que más ha tirado de la cesta de la compra hacia arriba, el organismo viene trabajando desde hace meses en la fórmula para incluir todos los contratos eléctricos en el registro oficial del IPC.

No es técnicamente fácil. Tanto es así, que el INE quería incorporar esos contratos del mercado libre al dato de la inflación oficial el pasado mes de enero. Y cuatro meses después sigue sin hacerlo. Entonces «no fue posible», indican fuentes de la institución.

«Mientras no se solventen las dificultades metodológicas no podemos dar fecha» para incorporar esos datos y ajustar la inflación a la propia realidad económica, señalan. Los precios seguirán subiendo, pero al incorporar los contratos libres (habitualmente con tarifas fijas y estables), el dato de la inflación cambiará. En principio, podría ser más moderado que el actual.

Aunque fuentes del sector energético aclaran que existen dudas sobre esa posible moderación ya que los contratos libres suelen ser más caros —y más estables— y las últimas revisiones siempre han sido superiores en sus precios y condiciones económicas.

CADA EURO SUBE EL IPC

El problema al que se enfrenta el INE es de calado. Por ahora, los técnicos de Estadística siguen trabajando de cerca con las compañías eléctricas, para que éstas les suministren la información que necesitan para incorporar los precios de la luz que ofrecen a sus clientes «con el suficiente nivel de detalle y criterios técnicos necesarios» que permitan aplicar la metodología del INE según sus estrictos requerimientos.

La cuestión no es baladí. Al no incluir los contratos libres, se deja una parte de los precios fuera de los registros. Hasta ahora, el INE sólo tenía en cuenta el precio que pagan los usuarios del mercado regulado (unos 10,5 millones en toda España) al tener constancia del coste exacto que abonan por la luz, esto es, el euro por kwh. Una cifra que en el caso de los contratos libres aún no ha conseguido, porque depende de la información que le proporcione cada compañía.

En la práctica, esta situación se traduce en «una rápida transmisión en la inflación», explicaba la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la semana pasada en el Congreso. Cada euro que sube el kwh de la tarifa regulada (PVPC), sube directamente el IPC. Supone «una sobreponderación» de una tarifa concreta, según Calviño.

Un problema que tiene Estadística a la hora de analizar los datos que suministran las empresas es que estas solo tienen los ingresos totales y no desagregan la información entre los consumidores que son empresas y los que son hogares. Ya que solo tiene en cuenta este segundo caso. La otra traba es que no basta con la información de los recibos para poder calcular los precios. Hay que analizar más a fondo cada factura.

El dato con el que cerró la inflación el año pasado —un 6,7%— publicado por el INE a principios de enero ya provocó una controversia entre este organismo y CaixaBank Research.

El centro de estudios puso en duda dicha subida de los precios al considerar que estaba desactualizado y que debería haber sido menor. En un inusual comunicado, el INE defendió que el IPC que se publica es «absolutamente correcto», tras remarcar que no comparte las conclusiones de un informe de Caixabank Research. En dicho texto se señala que la institución «sesgó al alza a la inflación en 2021», ya que «no está utilizando los precios del mercado libre para el cómputo del precio de la electricidad en el indicador».

La polémica llega después de un análisis de CaixaBank Research en el que apunta que el dato de inflación incluye un «claro sesgo al alza en la estimación del IPC durante 2021». Lo hace al considerar que al no valerse de los datos de los hogares acogidos a facturas libres de la luz, el alza de precios del año pasado no habría sido del 6,7% sino realmente del 4,7%. Este cambio en el cálculo provocaría que el promedio fuera del 2,2% frente al 3,1% oficial.

El INE quiere incluir los contratos de luz libre para ajustar la inflación
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