Dos inspecciones diarias y una media de 5.730 euros por sanción
El sector agroalimentario cuenta con un vigilante específico desde 2013 —los mercados centrales (Mercasa) no tienen esa labor, ellos rentan su espacio a mayoristas por una tasa, facilitan los controles sanitarios y de calidad, y recaban información sobre precios— y, aunque las organizaciones de agricultores reclaman que se le dote de más medios, la opinión mayoritaria es que está haciendo una buena labor.
Desde 2014 a 2019, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —organismo autónomo aunque adscrito al Ministerio de Agricultura— ha realizado un total de 4.264 inspecciones para «comprobar el cumplimiento» de la cadena de valor entre productor y destino final.
Han sido, de media, prácticamente dos inspecciones diarias en los últimos seis años y, la gran mayoría, tras denuncia de parte, pues apenas el 5% fueron de oficio. Una de cada tres (34%) se hicieron en el segmento de frutas y hortalizas, seguido del vitivinícola y el lácteo (un 18% cada uno).
Verduras y frutas también aparecieron en buena parte de las 293 denuncias presentadas desde 2014 —la mitad obra de las propias organizaciones agrarias—. En concreto, en uno de cada cuatro casos (el 26,6%). Aunque el sector donde se apuntaron más irregularidades fue el lácteo, con casi cuatro de cada diez expedientes (el 38,5%). Y por debajo, vino (13%) y aceite de oliva (12%).
La AICA, que tiene por misión «vigilar a todos los operadores» de la cadena alimentaria, propuso 1.916 sanciones desde 2014 —luego las impone el Ministerio por tema de competencias—, de las que el 22% se realizaron el ejercicio pasado. El importe total fue de 10,98 millones de euros, a un promedio de 5.730 euros por caso. Para las organizaciones agrarias no es mucho y piden elevar su cuantía, aunque ven más importante que se hagan públicas, lo que no ocurre ahora.
El incumplimiento en los plazos de pago originó la mitad de las infracciones (el 49%), seguido de la ausencia de contratos (16%). Por operadores, la industria alimentaria (38,8%) y la distribución comercial mayorista (36,6%) fueron los más sancionados.