Jubilarse antes ya tendrá penalización en 2022

La reforma del sistema de pensiones enfiló ya el camino al Parlamento. El Consejo de Ministros aprobará hoy en segunda vuelta el ‘anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones’ para poder llevarlo al Congreso en septiembre, como era el objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, y que pueda entrar en vigor en enero del año que viene. A comienzos de julio, el Consejo de Ministros ya vio en primera vuelta esta reforma que la legislacion exige que pase por segunda vez por el Gabinete. Se trata de una de las reformas comprometidas con Bruselas.

En el anteproyecto se recoge el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, pactado con los agentes sociales, que consiste en que cada año se incrementarán las pensiones el 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual registrada el ejercicio anterior. Eso significa que se acaba con la ‘paguilla’ que se daba a los pensionistas cuando la inflación superaba el incremento aprobado a comienzos de año para las pensiones.

En el caso poco frecuente de que hubiera un IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas. Además, cada cinco años se hará una evaluación de los efectos de esta revalorización con la inflación del año anterior para comprobar si se mantiene el poder adquisitivo y la suficiencia económica de los pensionistas.

Otra de las novedades del anteproyecto son los coeficientes reductores por jubilación anticipada. Con la aprobación de esta norma, esa reducción se aplicará sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, lo que afecta especialmente a las pensiones más altas. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.

Por otra parte, los coeficientes pasan a ser mensuales —ahora son trimestrales— lo que, según los cálculos del ministerio, es más favorable en la mayoría de los casos; solo saldrán perdiendo si lo hacen en el mes 24 o 23 o ya tres meses antes de cumplir la edad legal. El mayor castigo lo sufriría una persona que se jubila a los 63 años con menos de 36 años y 6 meses, pues se pasaría de un 16% actual a un 21% de reducción.

Para aquellos que retrasen su retiro más allá de la edad legal de jubilación, el proyecto de ley incorpora un ‘premio’ a elegir entre elevar un 4% la cuantía de la pensión por cada año completo que retrase la jubilación o recibir ese importe en un pago único al retirarse. La cantidad de pago único se determina en función del importe de la pensión y de los años cotizados, con lo que oscilará entre 4.786 euros y 12.060 euros.

Asimismo, se prohíbe que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años, aunque se permite este límite a la edad legal de jubilación en aquellas actividades donde la representación laboral de las mujeres sea inferior al 20% y sea una mujer quien sustituya al recién jubilado.

El anteproyecto deroga definitivamente la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, que no obtuvo consenso político ni social. El anteproyecto deroga la aplicación del factor de sostenibilidad que recortaba la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida.

El Gobierno incorporará un nuevo factor de «equidad intergeneracional» —tiene de plazo hasta el 15 de noviembre para negociarlo con los agentes sociales— con el que hacer frente al mayor gasto que va a suponer para el sistema la incorporación de las generaciones de los ‘baby boomer’.

En cualquier caso, este proyecto de ley no tendrá un camino fácil en el Congreso. Practicamente todos los grupos parlamentarios criticaron en julio en el Pacto de Toledo la reforma presentada por Escrivá por considerarla «incompleta» e «insuficiente».