La justicia quita a Ron los 12,8 millones de indemnización por el Banco Popular
j. a. bravo | madrid
Nueva derrota judicial de Angel Ron, el expresidente de Banco Popular al que se apunta como uno de los presumibles responsables de su debacle financiera. Tras ser desestimada su petición de indemnización por despido improcedente (reclamaba 4,3 millones de euros frente a los 350.000 euros que se le reconocían) y estar pendiente de declarar -en calidad de investigado- en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional por la caída de dicha entidad, la justicia acaba de dejarle sin la indemnización de 12,8 millones de euros por su salida que él mismo pactó con el consejo en febrero de 2015, dos años antes de que dejara la sociedad.
La decisión, comunicada ayer la ha tomado el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, cuya titular considera que Ron hizo caso omiso de la normativa societaria y bancaria, tanto europea como nacional, para salvaguardar su compensación económica del devenir nefasto del banco, en que las últimas cuentas trimestrales antes de su marcha (las de finales de 2016) reflejó unas pérdidas contables de 3.485 millones de euros. Para ello hizo pasar, según la magistrada María Montes, lo que debería ser una remuneración variable como si fuera una jubilación anticipada.
Sobre esto advirtió el Banco Central Europeo (BCE) en junio de 2017, «después de acordarse el cese del señor Ron y de otras personas», lo que en opinión de la jueza supone «un claro indicativo de que la regulación de las consecuencias económicas» de esas marchas «no se ajustaba a la normativa». De hecho, hizo una «especial advertencia» sobre la «necesidad de evitar la elusión de las directrices» de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que en el año 2015 aprobó una nueva normativa (entraría en vigor en 2017) señalando que «todo lo no es expresamente calificado de fijo es variable», pese a lo cual el contrato del expresidente distinguía como tercera categoría los pagos en especie.
Para el supervisor bancario, hacer pasar como supuesta prejubilación lo que era realmente una retribución variable -a la que él mismo renunció en febrero de 2017 al firmar su «protocolo de extinción»- constituye una «elusión» prohibida, y así lo advirtió al Popular. La entidad lo reconoció en julio de 2017, una vez la adquirió el Santander por el precio simbólico de un euro, por lo que aplicó a Ron -quien critica que las responsabilidades se centren en él mientras se olvidan de su sucesor, Emilio Saracho- las cláusulas de ajuste que la ley permite «en caso de resultados negativos», asevera la juez.