La licitación y contratación de obras públicas se desploman

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el sector de la construcción, que, como la mayor parte de sectores económicos, tuvo que paralizar su actividad completamente durante el confinamiento estricto que vivió el país durante los pasados meses de marzo y abril.

Así, la licitación pública en obra civil se desplomó un 26% durante 2020, una caída que ascendió al 40% en el caso de la contratación pública. Son 8.364 millones de euros menos en licitación pública y otros 6.348 millones menos en contratación pública que un año atrás, lo que supone situarse en ambos casos en niveles de 2014, según los datos publicados ayer por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras).

De esta misma forma, las restricciones a la movilidad que a día de hoy continúan en esta tercera ola han provocado otra fuerte reducción en el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas, gestionadas por sus empresas asociadas. Del primer estado de alarma (marzo) hasta diciembre, se contrajeron un 37% y un 35%, respectivamente. Esta fuerte caída de la actividad provocó que en marzo, abril y mayo se destruyeran 80.200 empleos de media al mes en total en el sector de la construcción, lo que supone casi 250.000 trabajadores menos. Sin embargo, este sector está siendo ahora uno de los que más está tirando del mercado laboral, hasta el punto de que se ha recuperado ya la práctica totalidad del empleo perdido por la pandemia a final de año.

Esta fuerte caída de la licitación y contratación pública se debe en gran medida a que los dos grandes ministerios inversores, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo ejecutaron un 68,7% de su presupuesto durante el año pasado. Desde Seopan advirtieron que no se trata de un episodio aislado debido a esta emergencia sanitaria, sino que en los últimos 14 años el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, lo que ha generado un efecto muy negativo en la actividad: 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 millones de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir por el Estado en dicho periodo de tiempo.

Futuro «incierto»

Pero a juicio de la patronal hay una segunda ineficiencia: la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. En 2020, el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 millones de euros.

Y las perspectivas del sector para 2021 se presentan «inciertas», pues el crecimiento potencial, situado entre el 1% y el 2,7%, está condicionado por la ejecución presupuestaria, fundamentalmente Adif, que representa el 24,4% de la obra civil nacional; las decisiones de las Administraciones Públicas de impulsar contratos de colaboración público-privadas y por la capacidad que tengan dichas administraciones de gestionar en plazo las ayudas europeas.