Más del 80% de las jubilaciones anticipadas proceden del desempleo

La propuesta del Gobierno de endurecer las jubilaciones anticipadas y penalizarlas con un recorte del 8% real de la pensión no la ven con buenos ojos los sindicatos. Es más, UGT volvió a exigir este jueves que se elimine el coeficiente reductor en las prestaciones de las personas que acumulan una carrera laboral de más de 40 años cotizados y que están sufriendo una merma de su nómina de hasta el 40%. «Es una injusticia que hay que corregir», defendió la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, durante la presentación del estudio Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español , una medida que está ahora mismo encima de la mesa tanto del Ministerio de Seguridad Social como del Pacto de Toledo.

En la actualidad hay unos 650.000 jubilados que se retiraron de forma anticipada del mercado laboral, pero más del 80% proceden del desempleo, por lo que «sería una barbaridad» endurecer sus prestaciones, denunció Barrera. Concretamente son cerca de 532.000 parados que se vieron forzados a una jubilación anticipada al haber sido víctimas de un despido. Pero este colectivo crecerá en el futuro, a la vista de 2019 terminó con casi medio millón de parados mayores de 55 años, que, de seguir sin empleo, sufrirían un fuerte recorte en sus pensiones. De los 3,24 millones de desempleados que registra la EPA a final de 2019, 492.000 se encontraban en el grupo de edad por encima de los 55 años, lo que supone que se ha más que triplicado desde 2007, cuando había 137.500.

UGT ejemplificó con un caso concreto lo que puede ocurrirle a estas personas. Así, un trabajador que se queda fuera del mercado laboral a los 54 años tras un despido objetivo, con 31 años cotizados y que tenía un sueldo de 27.282 euros brutos anuales sufre un recorte en su pensión de más del 39% por verse obligado a jubilarse. Pasaría a tener una nómina de 1.186 euros al mes como pensionista frente a los 1.954 euros que cobraría si hubiera seguido trabajando hasta los 65 años, lo que supone 768 euros menos cada mes. Significa que una persona despedida a los 54 o 55 años puede percibir solo el 60% de la pensión que le correspondería.

«Los efectos que la situación del desempleo puede producir son excesivamente perjudiciales», denunció Barrera, que instó al Ejecutivo a poner en marcha políticas activas de empleo que faciliten la incorporación al mercado de trabajo de los mayores de 55 años, lo que pasa por incrementar los recursos y los medios.